La Asociación de Funcionarios Latinos Electos de Georgia (GALEO) anunció que se sumó a una demanda que presentaron varias organizaciones de derechos civiles en contra de la polémica reforma a la ley electoral de Georgia que aseguran busca suprimir el voto de las minorías.
Los grupos demandantes, entre ellos la Asociación Nacional para el Avance de Personas de Color (NAACP, en inglés) y la Liga de Mujeres Votantes de Georgia, argumentan que la medida constituye una violación a la Constitución de Estados Unidos y a la Ley de Derechos Electorales.
"La intención de esta nueva ley es discriminar a las minorías y a los votantes pobres en Georgia. Nuestras comunidades se unirán para trabajar en contra de estas tácticas de Jim Crow que hacen retroceder a nuestro estado", declaró Jerry González, director ejecutivo de GALEO.
Las llamadas leyes de Jim Crow institucionalizaron la segregación racial en el país a finales del siglo XIX.
"Esta ley deliberadamente tiene como objetivo a votantes negros, latinos, asiático-americanos, indígenas y de otro color, es un intento despreciable de los legisladores de elegir quién puede votar en nuestro estado y quién no. Es antidemocrático, inconstitucional y antiestadounidense", declaró Susannah Scott, presidenta de la Liga de Mujeres Votantes de Georgia.
La SB202 fue aprobada en la Asamblea General de Georgia, con el apoyo de la mayoría republicana, y promulgada minutos después por el gobernador, Brian Kemp, que la calificó como una medida necesaria para garantizar que las elecciones en el estado sean "seguras, accesibles y justas".
La ley impone nuevas restricciones al voto, como el requisito de mostrar una identificación oficial con foto para poder sufragar por correo y le concede al estado poderes para asumir el control de los comicios locales si lo considera necesario.
La nueva ley también limita los sitios donde se pueden colocar buzones, para depositar las llamadas boletas ausentes, así como también horario de acceso a las mismas, y reduce el tiempo que los electores tienen para solicitar las boletas para sufragar por correo, entre otras restricciones.
Asimismo, la medida prohíbe a terceros proveer agua o alimentos a los votantes en fila para sufragar.
"Los legisladores del estado de Georgia están dificultando el voto", dijo Damon Hewitt, presidente interino y director ejecutivo de Lawyers' Committee for Civil Rights Under Law, que representa a los demandantes en la acción legal que fue interpuesta en una corte federal en Georgia a última hora del domingo.
En su opinión, los republicanos están con esta ley "criminalizando la asistencia ordinaria al votante y luego mintiendo a sus propios electores para sugerir que es por su propio bien". Atlanta (EFE)
