El Tribunal Supremo accedió a evaluar la posibilidad de restaurar la pena de muerte para Dzhokhar Tsarnaev, uno de los autores del atentado de la maratón de Boston de 2013, en un caso que puede ser clave para el debate sobre ese tipo de sentencia en el país.
La máxima corte del país anunció que considerará una apelación del Departamento de Justicia sobre una decisión de un tribunal de apelaciones, que el pasado julio eliminó la condena capital que se había impuesto a Tsarnaev por su papel en ese ataque, que mató a tres personas e hirió a más de 260.
Fue el Gobierno del expresidente Donald Trump quien apeló al Supremo en octubre con el objetivo de restaurar la pena de muerte para Tsarnaev, dentro de una campaña para revitalizar el uso de este tipo de sentencia, en declive en Estados Unidos.
El nuevo presidente estadounidense, Joe Biden, ha prometido abolir la pena de muerte por crímenes juzgados a nivel federal e incentivar a los estados para que hagan lo mismo, pero su equipo no ha retirado la petición al Supremo del anterior Ejecutivo en el caso de Tsarnaev.
Si el Supremo decide que se puede volver a imponer la pena capital a Tsarnaev, el Gobierno de Biden quedará en una posición incómoda, puesto que está bajo una gran presión de activistas progresistas para acabar con ese tipo de sentencia a nivel federal.
Se espera que el Tribunal Supremo no celebre una audiencia sobre este caso hasta su próximo periodo de sesiones, que comienza en octubre, y no decidirá sobre el tema probablemente hasta mayo o junio de 2022.
Tsarnaev fue condenado a veinte cadenas perpetuas además de a la pena de muerte, por lo que permanecerá en prisión de por vida decida lo que decida el Tribunal Supremo.
La decisión del Departamento de Justicia bajo el mandato de Trump de reanudar las ejecuciones a nivel federal tras casi dos décadas de pausa generó polémica en Estados Unidos, donde la tendencia general en los últimos años había sido la de recurrir cada vez menos a esa sentencia y aplazar el momento de ejecutar las ya emitidas.
Veintidós de los 50 estados del país han abolido ya la pena capital en su territorio, mientras que otros 12 llevan más de diez años sin llevar a cabo una ejecución, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés).
Eso provocó que en 2020 hubiera más ejecuciones a nivel federal que en todos los estados juntos, algo inédito en la historia del país.
Además, las diez ejecuciones completadas a nivel federal el año pasado convirtieron ese periodo en el que más sentencias federales de pena de muerte se han llevado a cabo en 125 años, desde 1896, de acuerdo con los datos del DPIC. Washington (EFE)
