Por José López ZAMORANO
El desenlace del segundo juicio político al presidente Trump fue tan revelador como predecible.
Los fiscales demócratas hicieron un trabajo eficaz para colocar al expresidente en el centro de la responsabilidad por las acciones de sus simpatizantes el 6 de enero, que condujeron a la irrupción ilegal en el Congreso, a la pérdida innecesaria de vidas humanas y que dejaron una mancha histórica para la democracia de Estados Unidos.
Los siete senadores republicanos que se sumaron a la columna de los demócratas hicieron historia, toda vez que su voto de conciencia hizo posible que se tratara del más bipartidista voto en la historia de los juicios políticos del país, pero también dejaron el descubierto las divisiones del Partido Republicano en ruta a las elecciones intermedias de 2022 y el dilema de su crisis de identidad conforme aspira a recuperar la Casa Blanca el 2024.
Es sin duda positivo que el segundo juicio político contra Donald Trump haya sido realizado con la mayor celeridad, toda vez que su celebración puso en suspenso la concreción del paquete de alivio económico de 1.9 millones de millones de dólares que incluye asistencia urgente para millones de estadounidenses afectados por la pandemia del COVID-19.
De ser aprobado, con la redacción respaldada por el presidente Joe Biden, el paquete de alivio incluirá $1400 adicionales a las personas elegibles, que complementan los $600 aprobados por el congreso en diciembre.
Por primera vez abarcará a los hogares con matrimonios mixtos, es decir, de ciudadanos estadounidenses cuyos cónyuges son indocumentados.
Se trata de una decisión justa, toda vez que un número significativo de trabajadores esenciales que arriesgan su vida diariamente durante la pandemia, carecen de estatus legal, sin embargo, su trabajo y su esfuerzo son considerados vitales para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Debe sin duda reconocerse en la decisión política de incluirlos como beneficiarios del nuevo paquete de alivio.
El proyecto abarca además $400 semanales por apoyo de desempleo, un incremento de $100 semanales en relación con los montos aprobados por el congreso del pasado mes de diciembre, así como más de 20 mil millones de dólares en apoyo a las personas en riesgo de desalojo por incumplir con el pago de la renta o de la hipoteca.
Separadamente, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) anunciaron que a raíz de la pandemia del COVID-19 se extiende hasta el 30 de junio de 2021 la moratoria para evitar que aquellas personas que no puedan pagar la renta o la hipoteca sean desalojadas de sus viviendas.
Es entendible que los demócratas hayan colocado como prioridad inmediata que Donald Trump rindiera cuentas por las acciones del 6 de enero, porque se buscaba darle un castigo moral ejemplar que sirviera de precedente. Pero ahora urge la aprobación del paquete de alivio, para mostrar que la nueva administración no sólo tiene buenas intenciones sino la capacidad real de cumplir sus promesas.
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