Los fiscales generales de 21 estados y el Distrito de Columbia denunciaron una regla del gobierno del presidente Donald Trump que debería entrar en vigencia el 11 de enero y que, según los funcionarios, representa la “muerte del asilo” y llevará a la deportación de personas que lo han solicitado con razones válidas.
A inicios de 2019 el gobierno de Trump empezó a devolver a México a decenas de miles de personas que habían llegado a la frontera pidiendo asilo, y completó los protocolos para la aplicación de acuerdos similares con Guatemala, El Salvador y Honduras.
Abogados de los migrantes, grupos humanitarios y religiosos han señalado que esta política fuerza a hombres, mujeres y niños que huyen de la violencia en sus países a aguardar en condiciones peligrosas y precarias el trámite de sus solicitudes.
La regla contra la cual protestaron los fiscales generales de 22 estados, en documentos ante tribunales, añade requisitos y deja a criterio de los funcionarios de inmigración la decisión de otorgamiento o negación del asilo.
El fiscal general de California, Xavier Becerra, señaló que “ignorar a quienes huyen de la violencia y la persecución no sólo es ilegal sino que contraría los valores fundamentales de nuestra nación.
“El país en el cual creemos es un sitio de esperanzas y posibilidades”, añadió Becerra a quien el presidente electo Joe Biden ha nominado como secretario de Salud. “Nadie gana cuando el presidente Trump trata de barrer a la gente bajo la alfombra y llama a eso una solución”.
Según los fiscales generales, la nueva regla “socava el compromiso” del país y de los estados de ser un “sitio seguro para los asilados que escapan de la persecución en sus respectivos países al trastornar el sistema actual de asilo y al incrementar la separación de las familias”.
La medida, añadieron, daña sin dudas a las economías de los estados y sus fuerzas laborales quitándoles trabajadores esenciales y su contribución a la actividad económica”. Washington (EFE)
