Casi 50 días después de que venciera el plazo que dio una jueza federal a las autoridades de inmigración para liberar a todos los menores detenidos bajo su custodia, más de 90 niños siguen encerrados en centros de detención junto a sus padres, afrontando un “grave y peligroso” riesgo para su salud en medio de la pandemia de COVID-19, denuncian activistas.
Los menores, que se encuentran en los centros de detención que albergan familias en Dilley y Karnes (Texas), y en Berks (Pensilvania), debieron ser liberados antes del 17 de julio, plazo dado por la juez Dolly Gee.
LIBERACIÓN DE NIÑOS EN EL LIMBO
La magistrada está a cargo de un caso de incumplimiento por parte del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) al Acuerdo Flores, que no permite que los niños inmigrantes estén en detención por más de 20 días y que se exige a las autoridades brindarles seguridad
La pandemia, que ya deja más de 140 infectados en los tres centros entre empleados, padres y menores, impulsó a Gee a pedir la liberación de los menores.
Shay Fluharty, abogada del Proyecto Dilley, dijo en una conferencia que han rastreado un mínimo de 90 niños que se encuentran detenidos en las tres instalaciones. “Veintidós niños de ese grupo de 90 han estado detenidos durante más de un año y 45 han estado detenidos durante más de 300 días”, recalcó.
Sin embargo, el número podría ser mayor, alerta Andrea Meza, directora de los servicios a familias en detención de la organización Raíces. Y es que ICE ha dificultado el conteo de los menores en los tres centros de detención de familias ya que se está limitando el acceso de los inmigrantes recién llegados a los abogados y activistas.
Meza explica que el ICE ha instituido una política de cuarentena obligatoria para todos en los centros de detención familiar durante las dos primeras semanas de la llegada de los extranjeros, situación que dificulta hablar con estos inmigrantes, que se encuentran aislados.
“Hemos escuchado de clientes que después de la cuarentena dijeron que no sabían que había proveedores de servicios legales disponibles para ellos mientras estaban recluidos en este aislamiento”, indica Meza.
EN AISLAMIENTO SIN PODER VER A SUS PADRES
Esta política de aislamiento también ha causado separaciones familiares dentro de los mismos centros, denuncian los defensores de los inmigrantes.
La abogada de Raíces explica que, por ejemplo, en centros como los de Karnes y Berks, donde hay detenidas familias completas, los padres suelen estar recluidos en aislamiento durante dos semanas apartados de sus hijos y las madres, y en una habitación separada.
“En muchos casos no se les permite verse. En el mejor de los casos durante media hora al día. A veces, solo en FaceTime para hablar entre ellos”, denuncia Meza.
ICE DESAFÍA ORDENES DE JUEZA FEDERAL
Raíces, Aldea, el Centro de Justicia del Pueblo y el Proyecto Dilley han compartido constantemente información sobre las realidades de la detención familiar con la jueza Gee, impulsando una mayor presión al Gobierno del presidente Donald Trump.
Stephanie Alvarez-Jones, abogada del Proyecto Dilley, resaltó que desde 2015 y nuevamente en 2017, 2018 y 2020, la jueza ha encontrado que el ICE no cumple con el período de tiempo establecido en el Acuerdo ni con la seguridad sanitaria que se les debe brindar.
“Eso fue un problema en 2018. Y es un problema. Ahora tenemos niños detenidos durante más de un año”, lamentó. Los Ángeles (EFE)
