Por José L. ZAMORANO
Una tormenta perfecta azota nuevamente a Puerto Rico, pero no se trata de un desastre natural sino de una combinación perversa de factores que podrían hacer que una proporción de los residentes de la Isla del Encanto no sea contada para efectos del crucial Censo 2020.
A poco más de un mes del vencimiento del plazo para completar el formulario censal el 30 de septiembre, luego que la administración Trump decidió sorpresivamente acortar un mes el plazo, apenas 28.3% de los residentes de la isla han enviado su respuesta. Se trata del porcentaje más bajo que cualquier otro grupo étnico en los Estados Unidos, de acuerdo con cifras oficiales actualizadas de la Oficina del Censo.
La pandemia del COVID-19 detonó el primer problema, complicado por el hecho de que los recientes desastres naturales que golpearon a Puerto Rico habían provocado masivos desplazamientos de la población que perdió casas o abandonó la isla, por lo que era necesario iniciar una rigurosa verificación de los domicilios actuales.
Pero en marzo, un día después que los enumeradores iniciaron su movilización en la isla, el gobierno de Puerto Rico suspendió las operaciones. Los residentes de la isla veían en la televisión o escuchan en la radio los anuncios de la multimillonaria campaña publicitaria para llenar el cuestionario del Censo, pero no tenían el paquete en sus manos.
Unos 10 mil enumeradores regresaron a las calles en mayo para dejar los paquetes y lograron completar esa parte del proceso a finales de junio, sin embargo, los propios funcionarios de la oficina del Censo reconocen que perdieron el “momentum”. Las cifras hablan por sí solas. La proporción de residentes que llenó los formularios hasta el momento es la mitad de quienes lo hicieron en el Censo 2010 y menos de la mitad del promedio nacional, que supera el 60%.
Aunque la oficina del Censo incrementó el presupuesto de publicidad electrónica y digital durante el verano y actualizó sus mensajes para tomar en cuenta el miedo y la preocupación de la población por los contagios del COVID-19, las cifras reales de llenado del formulario sugieren que la respuesta de la población boricua ha quedado por debajo de las expectativas oficiales.
Acaso reconociendo que la estrategia mediática inicial no cumplió con sus objetivos, el Censo decidió reclutar el apoyo de “influencers”.
Todo lo cual hacen más inexplicable la decisión de adelantar un mes el plazo para recolectar información, combinado con el polémico memorando de la administración Trump de excluir a los inmigrantes indocumentados del conteo censal para efectos de la redefinición de los distritos electorales de Estados Unidos en 2021.
El argumento oficial de la administración Trump es que tiene un mandato legal para completar el conteo del censo para diciembre 31 del 2020, pero desde mayo pasado el director adjunto de la oficina del censo para operaciones de campo Timothy Olson había dicho que ya no era posible cumplir con el calendario.
Aunque inicialmente el secretario de Comercio pidió al Congreso una extensión de cuatro meses para la entrega de los resultados, las acciones recientes del Censo sugieren que se apegaran al calendario legal, con el nuevo plazo para completar la etapa de recolección de datos el 30 de septiembre, a pesar de que la pandemia ha trastocado los planes originales.
La Cámara de Representantes tomó cartas en el asunto al incluir una extensión del censo hasta el 30 de abril de 2021 en la iniciativa de Ley Héroes, pero las negociaciones con el Senado y la Casa Blanca no sólo siguen estancadas, sino que llevaron al presidente Trump a aprobar el fin de semana un paquete parcial de alivio a través de una orden ejecutiva, la cual podría ser impugnada en los tribunales bajo argumentos constitucionales.
Más allá del caso singular de Puerto Rico, la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos (NALEO) advierte que cumplir con los nuevos plazos implica sacrificar la exactitud del Censo, desperdiciar 16 mil millones de dólares y provocar la exclusión de grupos históricamente mal contados, incluyendo latinos, afroamericanos, nativos americanos, poblaciones rurales, hogares de bajos ingresos y niños. ¿Quién se beneficia con eso?
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