La crisis que vive Nicaragua desde abril de 2018 ha llevado a 55 mil 500 personas a solicitar asilo en Costa Rica, dio a conocer la CIDH en el informe ‘Migración forzada de personas nicaragüenses a Costa Rica’.
“La migración forzada de personas nicaragüenses, tanto interna como internacional, representa un cuadro de graves violaciones de derechos humanos, donde la población civil considerada como opositora al gobierno nicaragüense se ha visto obligada a desplazarse de manera arbitraria, por la fuerza y a gran escala”, diagnosticó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el estudio.
“Los hechos que generaron la migración forzada de estas personas habrían sido decididos y avalados por las máximas autoridades del país, incluyendo al presidente”.
La CIDH especificó que la situación de inestabilidad requirió analizar las redes sociales como herramienta de persecución, pues fueron usadas para difundir amenazas y hostigamientos.
Las principales causas para el desplazamiento forzado, de acuerdo con el análisis de la CIDH, fueron amenazas directas y en redes sociales, imputación de delitos, represión estatal, asedio y persecución, detención arbitraria, violación sexual y por negarse a cumplir órdenes.
Entre las personas forzadas a migrar por el gobierno de Daniel Ortega destacan estudiantes que participaron en protestas y personas que apoyaron a los manifestantes.
En contraparte, los responsables de la persecución y los desplazamientos forzados han sido grupos parapoliciales, la Policía Nacional y grupos de vigilancia y control, como los Consejos de Poder Ciudadano, reveló la CIDH en el documento.
Antes de ingresar a Costa Rica, muchas personas se desplazaron dentro de Nicaragua y se vieron forzadas a caminar en puntos ciegos lo que los expuso a la acción de los llamados coyotes, aumentando su vulnerabilidad y el riesgo de sufrir violaciones a sus derechos humanos.
“La llegada de la mayoría de personas nicaragüenses a Costa Rica coincide con el inicio de la ‘Operación Limpieza’, implementada por la Policía Nacional y fuerzas parapoliciales armadas, con el objetivo de desmantelar los tranques y atacar a los manifestantes que se mantenían en ellos, así como a aquellas personas que eran identificadas por los COnsejos del Poder Ciudadano”, agregó la Comisión.
La persecución se hizo evidente mediante la criminalización de la protesta social, que llevó a detenciones arbitrarias, la formulación de acusaciones penales, amenazas, hostigamientos y atentados contra opositores a Ortega, y asedio contra sus familiares.
La crisis que vive Nicaragua desde 2018 ha provocado hasta ahora la muerte de 325 personas, 2 mil heridos, 700 detenidos y enjuiciados, 300 trabajadores de salud despedidos, 144 estudiantes expulsados de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) y 70 periodistas exiliados, identificó la CIDH en el informe.
La organización, dependiente de la OEA, llamó a los países de la región y a la comunidad internacional a implementar una solución de responsabilidad compartida y de garantía de los derechos humanos que le permita a Costa Rica asumir el desafío de la emergencia humanitaria derivada de la represión perpetrada por el régimen de Daniel Ortega. Washington (NOTIMEX)
