Por Alexander ZAPATA
La suspensión del Programa de Orientación Legal (LOP) y del “Helpdesk” a partir del 30 de abril podría afectar a unos 53 mil inmigrantes que se encuentran en tribunales o en centros de detención de 12 localidades de Estados Unidos, informó al The Washington Post el Vera Institute of Justice.
La interrupción, anunciada por el Departamento de Justicia (DOJ) el pasado martes 10 de abril, tiene la finalidad de evaluar ambos programas para determinar el costo-efectividad del plan, creado en 2003 durante el primer gobierno de George W. Bush.
La acción se suma a la dura política antimigrante que lleva la administración del presidente Donald Trump, y entre las que destacan: la imposición a los jueces de inmigración de cuotas de casos por resolver para acelerar las deportaciones; la reposición de fallos de jueces que han frenado unos 200 mil casos de deportación y la investigación de miles de ciudadanías por naturalización para revocarlas y deportar a los afectados si se comprueba que fueron obtenidas de manera ilegal, publicó en un reportaje Univisión Noticias.
Además la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha efectuado redadas de deportación que han aumentado las “remociones internas”.
El Vera, organización sin fines de lucro que aboga por los inmigrantes y que implementa el LOP y el Servicio de Ayuda de la Corte de Inmigración, lamentó la decisión y expresó que ambos programas financiados por el DOJ representan “un salvavidas para muchos inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo y titulares de residencias legales permanentes, algunos de los cuales luchan por sus vidas”, pues de otro modo, “no conocerían los derechos que tienen o las probabilidades que enfrentan” para luchar por sus derechos de permanencia en EEUU.
“Si este programa no está en funcionamiento, pone en riesgo la unidad familiar, perjudica a nuestras comunidades e infringe el derecho de todas las personas a ser informadas antes de tomar decisiones sobre sus reclamos legales”, expresó el organismo que trabaja con una red nacional de proveedores de servicios legales en territorio estadounidense y que buscan garantizar que los inmigrantes indocumentados y sus familias reciban la información que necesitan para comprender el complejo sistema legal estadounidense.
Para Vera la cancelación sería “irresponsable” pues desde hace 15 años, la política ha “tenido efectos positivos” en los procesos ante las cortes de inmigración. Recuerdan que en un estudio de 2012 del propio Departamento de Justicia concluyó que el programa es “una forma rentable y eficiente de promover el debido proceso y eliminar los casos atrasados, el problema más importante que enfrentan los tribunales de inmigración en la actualidad”.
El programa “creó un ahorro neto para el gobierno de casi $18 millones, lo que significa que cada $1 que el gobierno gastó en LOP ahorró $4 (…) Por eso LOP tiene un fuerte apoyo en el Congreso, que mantuvo su financiación en el año fiscal 2018”, precisó.
En un informe publicado en junio de 2017, la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de EEUU difundió que entre los años fiscales 2006 y 2015 existió un aumento del doble en atrasos de casos en la corte de inmigración.
Según recuento elaborado por la Universidad de Syracuse sobre una nota del portal web Mundo Hispánico, en los dos primeros meses del año fiscal 2018 que comenzó en octubre, los casos aumentaron de 30 mil a casi 660 mil.
La directora ejecutiva de American Gateways (AG), Rebecca Lightsey, manifestó que la suspensión de los programas de ayuda a los inmigrantes indocumentados representan un agravio a los principios básicos del debido proceso y al acceso equitativo de la justicia.
“Los programas LOP e ICH aseguraron que nuestro equipo de abogados y profesionales legales estuvieran en el terreno, proporcionando servicios básicos a los más vulnerables de nuestra comunidad”, incluidos los solicitantes de asilo y sobrevivientes de la trata de personas, denunció la directora de AG, que es el proveedor de LOP de tres centros de detención de inmigrantes en el centro-sur de Texas y es el proveedor de servicio de asistencia al Tribunal de Inmigración de San Antonio.
Tanto Vera como AG recalcaron que pese a la decisión del gobierno mantendrán su trabajo de brindar apoyo a los inmigrantes indocumentados y sus familiares para que tengan derecho a la justicia.
