Muertes de detenidos, intentos de suicidio y huelgas de hambre afectan el funcionamiento del Centro de Detención de Inmigrantes en Adelanto, California, administrada por GEO Group que opera docenas de prisiones privadas y centros de detención en todo Estados Unidos.
De acuerdo con un reporte de Los Angeles Times, tan sólo de diciembre a la fecha se ha registrado el quinto intento de suicidio entre los inmigrantes retenidos en este centro ubicado a unos 150 kilómetros al noroeste de Los Angeles.
El más reciente se registró el pasado 11 de julio cuando un interno se colgó con una de las sábanas de su dormitorio, de acuerdo con los registros del Departamento de Sheriff del Condado de San Bernardino obtenidos por The Times a través de una solicitud de registros públicos.
El centro de detención puede albergar a cerca de dos mil hombres y mujeres. Funcionarios dicen que más de 73 mil detenidos han pasado desde que se abrió en 2011.
Entre los detenidos hay solicitantes de asilo, personas atrapadas en redadas de inmigración y aquellas identificadas por las autoridades como potencialmente deportables después de ser llevados a la cárcel.
Algunos han vivido en Estados Unidos durante décadas, otros fueron enviados a Adelanto poco después de cruzar la frontera.
GEO Group, operadora que recibe una cuota de hasta 112 dólares por día por detenido de Inmigración y Aduanas (ICE) y con la ciudad de Adelanto sirviendo como intermediario, ha sido señalada por detenidos y defensores de negligencia médica, maltrato por parte de los guardias, falta de respuesta a las quejas y otros problemas.
Los inspectores gubernamentales también han notado deficiencias significativas en la instalación, a menudo relacionadas con la atención médica.
Los Angeles Times entrevistó a detenidos y a sus abogados y examinó los informes locales de aplicación de la ley, registros de la ciudad y revisiones federales que data de 2011, cuando se abrió la instalación.
En noviembre de 2011, un contratista de ICE que realizaba una revisión anual criticó la instalación porque "los oficiales médicos no estaban llevando a cabo evaluaciones de salud de los detenidos dentro de los 14 días de su llegada y las enfermeras registradas estaban realizando evaluaciones de salud".
Diez meses más tarde, un informe de la Oficina de Supervisión de la Detención del ICE encontró que muchas solicitudes de atención médica se retrasaron y no se revisaron los expedientes médicos con prontitud.
Ese informe también indicó que la muerte del detenido Fernando Domínguez Valdivia en marzo de 2012 siguió a "errores flagrantes" por parte del personal médico y podría haberse evitado.
En 2014, otro informe de la Oficina de Supervisión de Detención encontró que Adelanto era deficiente en 26 áreas, incluyendo 16 relacionadas con los esfuerzos de la instalación para prevenir e intervenir en casos de abuso sexual.
Después de la muerte del interno Raúl Ernesto Morales-Ramos en 2015, los inspectores volvieron a encontrar la culpa de Adelanto.
En los meses antes de morir, Morales-Ramos presentó dos denuncias a los funcionarios de Adelanto.
"A quien recibe esto, te estoy dejando saber que estoy muy enfermo y que no quieren cuidarme", escribió en uno. "La enfermera sólo me dio ibuprofeno y eso sólo me alivia por unas horas. Hazme saber si puedes ayudarme. Sólo necesito atención médica".
Morales-Ramos había sido detenido desde que fue arrestado en 2010 por una orden judicial emitida en El Salvador por conspiración con homicidio agravado.
Su caso persistió durante años y fue trasladado a varios centros de detención hasta aterrizar en Adelanto en mayo de 2014. Se quejó durante toda su detención de problemas gastrointestinales y otros y recibió analgésicos y medicamentos para el estreñimiento y la diarrea.
Finalmente, un médico que lo examinó encontró una masa abdominal que era "la más grande que ha visto en su práctica", según la revisión realizada después de su muerte. Según su tamaño, el tumor había estado presente durante meses.
El informe sobre su muerte, preparado por la Oficina de Supervisión de Detención, dijo que Adelanto no proporcionó a Morales-Ramos una atención médica oportuna y completa, entre otras fallas.
En una respuesta por escrito a las preguntas, la portavoz de la agencia, Virginia Kice, dijo que los centros de detención han sido objeto de reformas en los últimos años para garantizar que "los que están en custodia de ICE reciban acceso oportuno a servicios médicos y tratamiento".
Desde la muerte de Morales-Ramos en 2015, otros cuatro han muerto en estas instalaciones.
Dos días antes de la Navidad del 2015, José Manuel Azurdia-Hernández, de 54 años, de Guatemala, murió de un infarto, según el ICE.
En marzo de este año, Osmar Epifanio González-Gadba, de 32 años, de Nicaragua, murió seis días después de haber sido encontrado colgado en su celda.
En abril, Sergio Alonso López, de 55 años, murió días después de ser llevado al hospital por vomitar sangre. Los funcionarios de inmigración dijeron que tenía antecedentes de graves problemas médicos. La causa preliminar de muerte fue la hemorragia interna.
En mayo, también de 2015, Vicente Cáceres-Maradiaga, un hondureño de 46 años, murió en una ambulancia en el camino hacia el hospital. La causa preliminar de muerte fue catalogada como síndrome coronario agudo, dijeron funcionarios de inmigración en un comunicado.
Mientras que cualquier muerte en custodia es motivo de preocupación, los números deben considerarse en su contexto, dijo Kice.
"Cabe destacar que Adelanto no experimentó muertes en custodia en los años fiscales 2011, 2013, 2014 y 2016", dijo Kice. Sólo un detenido ha muerto como resultado de un intento de suicidio, agregó, una referencia a González-Gadba.
Cuando se trata de la prevención del suicidio, indicó Kice, los detenidos son examinados en la admisión y "atención inmediata se presta a los detenidos que presentan un peligro o un riesgo inminente para sí mismos".
A principios de julio, un grupo de internos inició una tercera huelga de hambre, que duró unas 72 horas e incluyó a decenas de participantes adicionales, dijeron los detenidos.
En una carta a los funcionarios, pidieron la reducción de los montos de sus fianzas para que pudieran salir de Adelanto mientras continuaban con sus peticiones de asilo. Varios solicitantes dijeron que su fianza era de entre 15 mil y 35 mil dólares. Los Ángeles (NOTIMEX)
