El presidente estadounidense, Joe Biden, firmó un decreto para que el acoso sexual en el seno de las Fuerzas Armadas se trate como un delito en la justicia militar, una reforma espoleada por el caso de la soldado Vanessa Guillén, asesinada en 2020 tras denunciar abusos en una base de Texas.
La orden ejecutiva de Biden también fortalece la respuesta de la justicia militar ante casos de violencia machista, e implementa cambios para "criminalizar la emisión o difusión negligente de imágenes visuales íntimas", explicó la Casa Blanca en un comunicado.
El decreto pone en marcha algunas de las medidas aprobadas en la ley "Yo soy Vanessa Guillén", que se ratificó a finales del año pasado en el Congreso estadounidense dentro del presupuesto anual de defensa.
Guillén tenía 20 años en abril de 2020, cuando desapareció de la base Fort Hood de Texas, después de haber denunciado a su familia que sufría acoso sexual.
Sus restos descuartizados y quemados fueron hallados en junio de ese año a unos 32 kilómetros de la base, donde murió la misma noche de su desaparición.
De acuerdo con las investigaciones, la joven de ascendencia mexicana fue asesinada por el también soldado Aaron David Robinson, quien al enterarse del hallazgo de los restos escapó de Fort Hood y posteriormente se suicidó cuando la policía intentaba detenerlo en Kileen (Texas).
El Ejército de Estados Unidos reconoció a finales de ese año que, al investigar el caso de Guillén, había identificado "graves fallas en los mecanismos para atender las denuncias de acoso y abuso sexual, y un clima que tolera esos abusos".
El asesinato de Guillén "catalizó la atención nacional al problema de la violencia sexual en nuestras Fuerzas Armadas y ayudó a impulsar una reforma bipartidista de la justicia militar", dijo este miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en su rueda de prensa diaria.
Una de cada cuatro mujeres y uno de cada 16 hombres que trabajan como militares o para el Departamento de Defensa estadounidense experimentan acoso sexual en algún momento de su carrera, según un estudio del año pasado del centro de investigación Rand Corporation.
La ley que lleva el nombre de Guillén saca de la cadena de mando la evaluación de las denuncias de abusos sexuales, que serán revisadas por oficinas independientes y no por los comandantes de cada rama militar, como ocurría hasta ahora.
Será la justicia militar quien decida las penas que podrían imponerse como consecuencia del acoso sexual, y esos mismos tribunales también determinarán si la situación cambia ahora que empieza a considerarse como un delito, afirmó a Efe un portavoz de la Casa Blanca.
Mayra Guillén, hermana de Vanessa, celebró este miércoles la firma del decreto de Biden, al celebrar que el legado de la soldado "continúa viviendo, para hacer no solo al mundo un mejor lugar, sino específicamente a las Fuerzas Armadas", en declaraciones a la cadena NewsNation. Washington (EFE)
