Una decisión cruel y miope: fin del TPS a salvadoreños

Por Francisco ALEJANDRE

La decisión de terminar con el programa de Estatus de Protección Temporal para El Salvador, es otro ejemplo cruel y miope del fervor antiinmigrante que impulsa las decisiones de la presente administración y crea un caos para cientos de miles de familias inocentes. Muchas de ellas residentes en Las Vegas.

Así lo expresó el congresista Rubén Kihuen, al sumarse a otros funcionarios como la senadora Catherine Cortez Masto al condenar a la administración de Donald Trump por su decisión de revocar el TPS para los salvadoreños.

La senadora Catherine Cortez Masto (D-Nev.) hizo el pasado lunes 8 las siguientes declaraciones denunciando la decisión de la administración Trump de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para familias de El Salvador, lo que anularía su estatus migratorio legal y los pondría en riesgo de deportación:

“Los más de 250 mil salvadoreños que vinieron a Estados Unidos huyendo de una sangrienta guerra civil en los 80’s y condiciones inseguras después de un catastrófico terremoto en el 2001, han estado reconstruyendo sus vidas. Han estado trabajando y contribuyendo a nuestras comunidades por más de dos décadas. Muchos tienen hijos ciudadanos estadounidenses que ahora enfrentan el espectro de ser separados de sus padres. Revocar el TPS para los salvadoreños no solo separará familias, su deportación también los pondría en situaciones peligrosas que amenazan sus vidas.  

 “La decisión es un triste recordatorio que tenemos un presidente que les da la espalda a las familias trabajadoras e insiste en gobernar con miedo e intimidación. Este presidente continúa usando a los inmigrantes como chivos expiatorios. El Congreso no debe ignorar las contribuciones económicas, culturales, y sociales de las personas que se benefician del TPS. Insto a mis colegas a encontrar una solución para las personas que están perdiendo su TPS y que aprueben el Proyecto de Ley de Seguridad para Países Bajo Represión y Emergencia (SECURE Act, por sus siglas en inglés), para crear un camino a la ciudadanía para las personas que han estado viviendo, trabajando y contribuyendo a nuestras comunidades por décadas”.

Por otro lado, en septiembre de 2017, el congresista Rubén Kihuen firmó una carta bipartidista firmada por 116 miembros del Congreso pidiendo que se extendiera el TPS para El Salvador y Honduras y en noviembre, firmó una carta solicitando la renovación de TPS para inmigrantes de cinco países, incluido El Salvador.

Rubén Kihuen manifestó mediante un comunicado lo siguiente:

“La decisión de terminar con el programa de Estatus de Protección Temporal para El Salvador es otro ejemplo cruel y miope del fervor antiinmigrante que impulsa las decisiones de esta administración y crea un caos para cientos de miles de familias inocentes. Durante generaciones, Estados Unidos ha ofrecido seguridad a inmigrantes y refugiados de todo el mundo. El programa TPS ha proporcionado el estatus de refugiado a más de 200 mil inmigrantes que huyen desesperados de la violencia, la guerra y los desastres naturales.

Cerca de 6 mil salvadoreños actualmente se benefician del TPS en Nevada, donde contribuyen con un estimado de 255 millones de dólares a la economía del estado. Estas cifras no son más que una fracción del beneficio económico proporcionado por todos los beneficiarios de TPS, por no mencionar los inmensurables lazos familiares y culturales que estos inmigrantes tienen con nuestro país. El Congreso debe encontrar una solución a largo plazo a fin de continuar nuestra larga tradición nacional de brindar seguridad a las personas necesitadas”.

 

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