Por Alexander ZAPATA
Los inmigrantes de El Salvador representan casi un tercio de los cerca de 1 millón de inmigrantes que residen en EU, forman parte importante de la fuerza laboral del país y han adaptado su formación y estilo de vida en casi dos décadas de vivir bajo los valores estadounidenses. Ante la amenaza de la deportación pareciera que las interrogantes son la orden del día. ¿Está El Salvador preparado para recibir a estas personas que regresan con una percepción de vida diferente a la que tenían cuando se fueron de su país? ¿Qué pasará con los hijos de estos inmigrantes nacidos en tierra estadounidense? ¿Cómo afectará la economía de ambos países esta decisión que supone un movimiento considerable de personas?
En días anteriores alcaldes de Houston, Los Ángeles y otras ciudades en las que residen gran cantidad de salvadoreños exhortaron a tener en cuenta las contribuciones más amplias de los beneficiarios de TPS, además de que encuestas recientes han arrojado que un tercio de ellos son propietarios de viviendas de los Estados Unidos.
Pero esta posición ha sido desestimada por los funcionarios del gobierno de Trump, quienes justifican la acción en el argumento de que solo “el Congreso puede legislar una solución permanente que aborde la falta de un estatus migratorio legal duradero de aquellos actualmente protegidos por TPS que han vivido y trabajado en los Estados Unidos por muchos años (…) La terminación retrasada de 18 meses le dará tiempo al Congreso para diseñar una posible solución legislativa”. ¿Correr la arruga o que otros arreglen el entuerto?
Según estudios citados por The Washington Post, cerca de 32 mil salvadoreños con TPS viven en la capital, seguido de Los Ángeles, Nueva York y Houston y ocupan diversos puestos laborales que van desde contratistas hasta trabajadores de cafetería escolar, limpiadores de oficinas comerciales y propietarios de restaurantes. ¿Qué pasará ahora que no tienen garantía de permanecer en el país? ¿Sus contratos le serán renovados?
Pero la decisión de eliminar TPS no solamente podría afectar a EEUU, algunos especialistas refieren que uno de los más perjudicados podría ser El Salvador. Por un lado, el fuerte impacto se evidenciaría en la disminución de la cantidad de dinero que los salvadoreños residenciados en tierras estadounidenses mandan a sus familiares que aún viven en sus países de origen. Más de $4.5 mil millones al año ingresan por esta vía, lo que de acuerdo al Banco Mundial representa alrededor de 17% del Producto Interno Bruto de la nación centroamericana, es decir, una de sus principales fuentes de ingreso.
Roberto Rubio-Fabián, director ejecutivo de FUNDE, una organización de investigación sin fines de lucro en San Salvador, destacó que el golpe a la economía salvadoreña “será innegable” pues las remesas son el “pilar que respalda una economía con serios problemas estructurales”.
El otro lado negativo que podría afectar al país centroamericano, es que si existe una gran cantidad de migrantes que con TPS que regresan voluntaria o forzosamente a El Salvador, generaría una estabilidad por la competencia que se generaría por los puestos de trabajo. Al respecto, Geoff Thale, un experto de América Central en la Oficina de Washington para América Latina, refiere que quienes regresarán son personas “bilingües y muy calificadas”, aspectos que son más atractivos para los empleadores que sustituirán a quienes ya están en el campo laboral. Esto ocasionará que estos últimos salgan del país de forma ilegal para buscar empleo en Estados Unidos y vuelvan a comenzar con el ciclo.
