Entró en acción ‘la fuerza de ataque’ del gobierno de Nevada

Por Rafael ROMERO

 

“Quiero que sepan que los escucho, no lo duden, los escucho y adopto medidas, afirmó el gobernador Steve Sisolak, y abundó: “Una persona, una familia que se queda sin los beneficios y necesita pagar las cuentas, poner comida en la mesa, tiene ante sí un problema y urge actuar”.

Acto seguido nombró a Barbara Buckley -ex legisladora- para dirigir lo que llamó ‘fuerza ataque’ al desempleo, enfocada en mejorar el proceso relacionado con las solicitudes atrasadas en el estado.

Como parte de las medidas el gobernador también nombró a Elisa Cafferata (quien fue una de las administradoras de la división de asistencia social -Welfeare-, como directora interina del Departamento de Empleo, Capacitación y Rehabilitación de Nevada (DETR). 

Sisolak precisó que Buckley se desempeñará en los venideros dos o tres meses con el apoyo de recursos federales de la Ley federal Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus (CARES), “de hecho, apuntó, consulta a expertos con la intención de contribuir a mejorar los procesos comerciales y tecnológicos de la agencia.

Vale apuntar que miles, de las más de un millón de solicitudes de beneficios, presentadas durante la pandemia, aun no se han pagado, y entre las razones o motivos se incluye el retraso en el procesamiento, duplicación e inelegibilidad; el pasado junio, quienes enfrentaron retrasos para el denominado Programa de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA) en Nevada, presentaron una demanda colectiva exigiendo un pago inmediato.

Al efecto se nombró a un abogado de Reno como maestro especial para investigar el tema de las solicitudes atrasadas; trascendió que Jason Guinasso, designado por la corte, preparó un informe que detalla obstáculos y posibles soluciones.

A la interrogante sobre cómo encajaría el reporte con la ‘fuerza de ataque’, el gobernador respondió: “Hay que esperar y ver qué pasa”.

Por su parte Buckley subrayó que cuenta con la ayuda y experiencia de varios líderes del sector público y privado; el grupo, destacó intercambia ideas en busca de soluciones y ver cómo superan la verificación de identidad, lo que tiene retenidos a muchos demandantes.  No se descarta transferir a trabajadores elegibles de la asistencia social para ayudar con el procesamiento de las solicitudes de desempleo.

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