El Concejo de la Ciudad de North Las Vegas adoptó una ordenanza que establece sanciones para aquellos que violen las directivas de emergencia del gobernador o de la Ciudad, incluidos los propietarios y administradores de propiedades que violan la moratoria del estado sobre los desalojos residenciales y comerciales durante la pandemia COVID-19.
El pasado miércoles 8, el Concejo de la Ciudad votó 5-0 para aprobar cambios al Código de la Ciudad que describe las sanciones por desafiar las directivas durante un estado de emergencia. Los infractores están sujetos a multas administrativas de hasta mil dólares por día, revocación de licencias o permisos comerciales, y / o cargos de delitos menores que conllevan multas de hasta seis meses en la cárcel y una multa de hasta mil.
El concejal Isaac Barron inició los cambios luego de recibir quejas de personas en todo el valle que fueron excluidas de sus hogares a pesar de la directiva de emergencia del gobernador Steve Sisolak el 29 de marzo que prohíbe expresamente la mayoría de los desalojos de inquilinos.
“El objetivo, muy específicamente, es evitar que un puñado de propietarios y administradores de propiedades bloqueen a las personas por no pagar la renta”, dijo Barron. “A medida que cientos de miles de nuestros trabajadores trabajadores del valle pierden sus empleos durante esta pandemia mundial, simplemente no es correcto o en interés de la salud pública estar sacando a la gente a la calle”.
El concejal Barron dijo que el resultado de estos desalojos es doble: obliga a las familias a encontrar vivienda con otras familias, lo que aumenta la propagación potencial del coronavirus; y obliga a las familias a la calle, lo que aumenta la falta de vivienda.
“Quiero aplaudir a la gran mayoría de los propietarios que han sido amables y empáticos y están haciendo lo correcto al trabajar con sus inquilinos en soluciones justas para ambas partes”, dijo Barron. “Esto está destinado a la pequeña cantidad de personas que intentan capitalizar y aprovecharse del dolor y el sufrimiento de las personas durante esta crisis. Es desmesurado”.
Los cambios entraron en vigencia inmediatamente después de la aprobación del Ayuntamiento.
