Por Francisco ALEJANDRE
El Procurador General de Nevada, Adam Paul Laxalt, presentó una moción para desestimar la segunda demanda al programa “Nevada Education Savings Accounts (NESA, por sus siglas en inglés)”. El programa de bono escolar permite que los padres tengan mayor autonomía con la elección de la escuela donde deben estudiar sus hijos, lo que les permite abordar mejor sus necesidades, dándoles la opción de crear una cuenta con fondos que se utilizan para los propósitos educativos, en lugar de asistir a la escuela pública. Los fondos pueden ser utilizados para la enseñanza privada, tutoría, tomar exámenes, libros de texto o de aprendizaje en línea, entre otras cosas.
“En un audaz intento de abordar los problemas -bien reconocidos- que plagan el sistema educativo de Nevada, nuestra Legislatura ha creado un ambicioso programa de opción educativa que ha capturado la atención nacional”, mencionó el procurador Laxalt, mediante un comunicado enviado a los medios de comunicación.
Desafortunadamente, eso incluye la atención de las organizaciones nacionales que se oponen a la elección de los padres, que han demandado para impedir la implementación de ley en Nevada. Sin embargo, estos desafíos legales están mal interpretados y tienen una mala lectura de la Constitución de Nevada, la cual faculta ampliamente a nuestra Legislatura para “fomentar la educación por todos los medios apropiados”, agregó.
“Mi oficina hará todo lo posible para asegurarse de que este importante programa se implemente, y trataremos de evitar que esos grupos socaven el plan de la Legislatura en mejorar la educación para todos los residentes de Nevada”, sentenció.
La demanda a la que se refiere la oficina del procurador es la entablada por un grupo de padres de Reno y Las Vegas, presentada el miércoles 9 en la Corte de la Primera Circunscripción Judicial, en Carson City. El ex senador estatal demócrata de Nevada Justin Jones y Sylvia Lazos del grupo “Educar a Nevada Ahora” también están involucrados en la querella.
“La Constitución de Nevada es muy clara respecto a que el financiamiento proporcional para nuestras escuelas públicas sólo se puede utilizar para operar esas escuelas, y no para ningún otro propósito”, dijo Justin Jones en un comunicado enviado a la Prensa Asociada. “La ley de vales, utilizando recursos de las escuelas públicas para pagar la matrícula de una escuela privada y otros servicios privados, viola flagrantemente el mandato explícito consagrado en nuestra constitución estatal”.
“Nosotros creemos que “Nevada Education Savings Accounts” es un programa de bonos, porque -en esencia- el gobierno está pagando para que otro proveedor de servicio tenga el beneficio que un ciudadano debe tener. Específicamente, el gobierno estatal expresa que el dinero en las arcas debe ser controlado por el tesorero”, manifestó la también profesora de leyes Sylvia Lazos en entrevista exclusiva con El Mundo sobre el asunto.
El programa permite acceder hasta 5 mil 700 dólares, si tiene ingresos bajos, o bien, 5 mil 100 dólares si tiene ingresos medios. Para niños con educación especial, el monto máximo es de 5 mil 700 dólares. “Este dinero se utilizaría para pagar, parcial o totalmente, la cuota requerida por una escuela privada, o en los casos de padres de familia que impartan educación en el hogar, para adquirir materiales y artículos relacionados con la enseñanza de sus hijos”, agregó.
“La oficina del procurador tiene la responsabilidad de observar y vigilar que las leyes se apliquen de manera correcta, sean buenas o malas, en este caso Laxalt fue a buscar ayuda fuera del estado y la encontró en el grupo Freeman Institute- con sede en Chicago- que da el sostén económico para defender la ley. Este grupo cree firmemente que un concepto de mercado libre puede ayudar a la educación pública y por tanto está dispuesto a invertir millones de dólares para ayudar a Nevada en los tribunales”, explicó la profesora.
Nosotros decimos que la ley SB 302 es inconstitucional, porque no son bonos de ahorro, sino que el sistema público otorgará subsidios a individuos que pidan al tesorero dinero -soporte- para llevar a sus hijos de escuelas públicas a escuelas privadas, detalló.
En el Condado de Clark hay sólo ocho escuelas que cumplen con el monto de ayuda, lo que significa que la mayoría tendrá que completar el costo de la matrícula privada. Hasta este momento la zona postal con más solicitudes de ayuda corresponde a Anthem, en Henderson, donde el promedio de ingresos es de 75 mil dólares.
Este litigio es extremadamente importante. “Desde la perspectiva de abogados constitucionales nosotros tratamos de determinar el deber de la Legislatura hacia los niños que están en las escuelas públicas, el otro lado -del procurador Laxalt- dice que cualquier cosa que hagan está bien, si quieren agregar o quitar presupuesto, está dentro de los parámetros constitucionales. Nosotros creemos que los niños deben tener la oportunidad de prepararse para enfrentar los retos del futuro”, sostuvo.
El siguiente paso es pedirle al juez en Carson City que no implemente la ley, primero porque es muy caro y adicionalmente el quitar fondos públicos para dárselo a gente que puede pagar colegiaturas en escuelas privadas no es lo más equitativo. Los fondos de las escuelas públicas deben ser utilizados en la educación pública, no privada, terminó diciendo la también activista Sylvia Lazos.
