Por Alexander ZAPATA
Lo hizo, cada una de sus promesas de campaña electoral las ha cumplido y esta no escapa de ello: este lunes 6 se le puso fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para Nicaragua y se otorgó una prórroga de seis meses a los nacidos en Honduras, lo que mantiene a los inmigrantes en una situación de incertidumbre, así lo anunció el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
De acuerdo a la información emitida por el DHS, en Nicaragua mejoraron las condiciones para cancelar el beneficio de protección temporal, por lo que una vez se venza el beneficio el 5 de enero de 2018, los nicaragüenses que se encuentran en Estados Unidos (EEUU) bajo la protección de este programa migratorio, tendrán un lapso de 12 meses para regresar a su país o gestionar su estatus de residente.
En total, según datos de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), 5 mil 349 nicaragüenses se encuentran en EEUU bajo este programa, que fue aprobado en 1998 como una respuesta humanitaria para proteger a inmigrantes provenientes del mencionado país centroamericano y de Honduras, naciones afectadas tras el paso del huracán Mitch. La cancillería de Managua refiere que en tierras estadounidenses permanecen 2 mil 500 nicaragüenses con este estatus de proyección.
En cuanto a Honduras, caso sobre el cual no se ha tomado decisión definitiva, la USCIS refiere que el TPS ampara a 86.163 inmigrantes hondureños, mientras la cancillería Tegucigalpa contabiliza a unos 57 mil beneficiarios. Lo cierto es que estos inmigrantes, junto a los provenientes de El Salvador, tienen una participación de 81 y 85 % en la fuerza laboral estadounidense, refirieron integrantes del Senado de EEUU.
Otras de las consecuencias que preocupa a las organizaciones pro defensa del derecho de los inmigrantes es que esta decisión afecta a cerca de 300 mil niños y jóvenes, hijos de estos inmigrantes con estatus TPS, que a partir de ahora pueden quedar separados de sus padres o de la tierra que conocen y los vio nacer, pues deberán emigrar a una nación completamente desconocida para ellos.
El Centro para el Progreso Estadounidense (Center for American Progress, CAP) advierte que estos jóvenes y menores se enfrentarían a un panorama crítico e incluso podrían quedar atrapados entre dos opciones dramáticas: “ser separados de sus padres o ser forzados a regresar a un país que para ellos es desconocido”.
Por su parte María Rivas, de la Organización Make the Road, mostró su descontento y preocupación luego de anunciarse la medida: “Estados Unidos solía ser un lugar para que las personas alrededor del mundo vinieran y criaran a su familia en un ambiente seguro y estable, con la promesa de que podrían vivir sin el miedo a la pobreza o la violencia que tuvieron que vivir o enfrentar en sus países de origen.
Para ella la decisión del DHS de terminar las protecciones temporales para los nicaragüenses y de dejar en un limbo a los hondureños, traiciona la promesa de un futuro seguro y mejor que le hicieron a estas personas. “Esto representa un ataque para nuestra comunidad inmigrante. La administración Trump-Pence se afianza en la idea de devastar a nuestras familias. Es tiempo de que el senador Dean Heller se ponga al frente en la defensa de nuestras familias, de los inmigrantes, haciendo frente a esta administración tan devastadora. Francisco Portillo, director de la Organización Hondureña Francisco Morazán en Miami, Florida, destaca que esta nueva prórroga para los hondureños, es una oportunidad para pedirles a la Cámara de Representantes y al Senado encuentren una manera de legalización para los beneficiarios del TPS. “Hay tiempo para que nuestra gente busque alguna alternativa para quedarse legalmente en Estados Unidos”, agregó.
Desde el Congreso
Precisamente conversamos al respecto de esta medida con Reynaldo Benítez, vocero de la senadora por Nevada Catherine Cortés Masto quien explicó que el panorama en el Congreso es poco alentador por ahora: “No hay mayor movimiento en cuanto a proyectos de ley que puedan apoyar a estas personas. Y eso preocupa porque no se espera una votación pronto por parte del congreso en torno a este tema”.
Además explicó que la posición de la senadora es clara al respecto: “La senadora luchará para evitar que estas miles de familias se vean afectadas por una administración que no les importa su futuro. Es increíble que el Partido Republicano, que dice apoyar los valores familiares, secunde también esta medida”. Según Benítez, 50% de los beneficiarios del TPS tienen más de 20 años en el país. “Son personas que tienen arraigo, que contribuyen a la economía, que han pagado impuestos, ahora decirles que se vayan no es justo. Hay que encontrar una solución”.
El Estatus de Protección Temporal es un amparo otorgado por razones humanitarias a personas que provienen de naciones que enfrenta conflictos extremos, desastres u otras situaciones críticas. Esta iniciativa ampara de la deportación a indocumentados que no constituyen una amenaza para la seguridad nacional, les concede una autorización temporal de empleo y además les permite tramitar una licencia de manejar válida por la misma fecha del amparo de la deportación.
