Grupos en favor de los derechos civiles presentaron una demanda contra la ley migratoria SB 1718 de Florida (EE.UU.), por considerar que es “inconstitucional, xenofóbica” y “criminaliza” a la comunidad inmigrante en un estado donde “la quinta parte de la población nació en el extranjero”.
La demanda, planteada por el Southern Poverty Law Center, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y su sección de Florida, Americans for Immigrant Justice y American Immigration Council, argumenta que la SB 1718 representa “una amenaza para los derechos y el bienestar de cada individuo en el estado”.
Esta ley está diseñada para “infligir crueldad” a la comunidad inmigrante, es “inconstitucional y socava nuestra democracia”, dijo Paul R. Chávez, abogado supervisor sénior del Proyecto de Justicia para Inmigrantes de Southern Poverty Law.
La demanda se centra en disposiciones de la Sección 10 de la ley, que penalizan el transporte de personas a FL que puedan haber ingresado ilegalmente en EEUU sin inspección federal. Señala que es inconstitucional que un estado regule unilateralmente la inmigración federal, someta a las personas a un castigo sin previo aviso y utilice término tan vago como “inspección”.
El caso se presentó contra el gobernador de FL, Ron DeSantis, la fiscal general del estado, Ashley Moody, el fiscal estatal de FL Nicholas B. Cox y los fiscales generales de los 20 circuitos judiciales de FL, en nombre de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida y personas afectadas, ciudadanos estadounidenses, conductores y pasajeros indocumentados que viajan hacia y desde FL.
Las organizaciones sostienen que una serie de secciones de la SB 1718 perjudican a los inmigrantes de Florida y sus familias, y “busca atacar e intimidar a las familias inmigrantes en todas las facetas de sus vidas”.
La ley “inhibe e intimida a los inmigrantes de FL que buscan atención médica”, amplía los requisitos de E-Verify (sistema para verificar la elegibilidad del empleado) y sanciona a las empresas.
Prohíbe que el gobierno local financie tarjetas de identificación comunitarias e invalida licencias de conducir en Connecticut, Vermont, Delaware y Hawái.
Esta legislación “no es la solución a ningún problema, es un intento de usar chivos expiatorios y aterrorizar a familias y trabajadores vulnerables, agobiados por la dificultad del proceso de inmigración federal”, denunció Amien Kacou, abogado de ACLU en FL. Miami (EFE)
