Un juez en Texas escuchó los argumentos de las partes en una demanda presentada por el gobierno del presidente Joe Biden en contra de una barrera de boyas instalada en el Río Grande, en la frontera entre EE.UU. y México, por parte del gobernador del estado, el ultraconservador Greg Abbott.
El magistrado David Ezra, del distrito oeste de Texas, celebró una audiencia para estudiar el caso, mientras que decenas de activistas protestaron a las afueras del tribunal en contra de las medidas que el gobierno estatal ha tomado para dificultar el cruce de migrantes.
La polémica barrera flotante, que se extiende por unos 300 metros sobre el río fronterizo, ha generado un conflicto entre el gobierno federal, que pide que se retire, y el estatal, que denuncia una supuesta “invasión” en su territorio.
La demanda presentada por el Departamento de Justicia argumenta que el gobierno de Texas infringió la ley al colocar la barrera en un río “navegable” sin un permiso del Ejecutivo federal.
El estado de Texas, por su parte, defiende la instalación de las boyas acusando a la Administración de Biden de no defender la frontera sur y permitir que “millones” de migrantes y de kilos de drogas entren el país.
La barrera, aseguró el gobierno estatal en un documento presentado al tribunal, ha “eliminado” los cruces irregulares de migrantes en esa sección de la frontera.
UN ASUNTO CON FINES POLÍTICO
Esta afirmación es falsa, apuntaron expertos a EFE, ya que la barrera ha forzado a los migrantes a atravesar el río en tramos donde hay más corriente, poniendo sus vidas en riesgo.
“La gente no está dejando de cruzar, sino que está evitando las boyas, caminando más lejos (..) y atravesando por partes del río donde pueden correr el riesgo ser arrastrados por la corriente”, explicó Aaron Reichlin-Melnick, abogado especializado en políticas migratorias del Ammerican Immigration Council.
La situación ya ha provocado consecuencias: a principios de mes, las autoridades estadounidenses encontraron dos cadávares de migrantes cerca a las boyas.
La región donde está ubicada la barrera es a su vez la segunda en la frontera con más cruces irregulares de migrantes, según datos de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP).
Para Adam Isaacson, experto en temas de defensa de la Oficina De Washington para Latinoamérica (WOLA), su instalación tiene fines políticos: “Está destinada a movilizar a la base republicana más extrema de cara a las elecciones de 2024”.
Las boyas forman parte de la “Operación Estrella Solitaria”, una campaña lanzada por el gobierno de Abbott para abordar la migración en el estado y mostrar su oposición a las políticas de Biden.
Esta campaña ha estado detrás del envío de buses con migrantes a ciudades gobernadas por demócratas, que acaparó la atención mediática el último año, y de la instalación de kilómetros de concertina en la frontera con México, entre otras medidas.
CONSECUENCIAS INTERNACIONALES
Abbott ordenó a un grupo de trabajadores estatales mover la boya hacia terreno estadounidense como respuesta a las denuncias por parte del gobierno mexicano, que asegura que gran parte de la barrera se encuentra en su territorio.
La Comisión Internacional de Límites y Aguas, una entidad binacional, corroboró esta afirmación en un informe presentado ante el tribunal, donde se concluye que la gran mayoría de las boyas están del lado mexicano. Washington (EFE)
