Para construir su ambiciosa fuerza de deportación, el presidente Donald Trump está reviviendo un programa de larga data que busca que los policías locales sirvan también para hacer cumplir la ley federal de inmigración.
El programa recibió escasa atención durante una semana en la que Trump anunció planes para construir un muro fronterizo, contratar miles de agentes federales más e imponer restricciones a los refugiados de países del Medio Oriente.
Sin embargo, el programa de Trump podría llegar a tener un impacto significativo en la forma en que se aplican las leyes de inmigración en todo Estados Unidos, a pesar de que en los últimos años fue denostado en medio de quejas de que promueve la discriminación racial.
Más de 60 departamentos locales de policía tuvieron esa autoridad especial hasta 2009, mientras el debate sobre la inmigración en Estados Unidos se estaba calentando.
Desde entonces, la cifra se redujo a la mitad y los intentos en esa dirección se redujeron a medida que los agentes federales aumentaban otros programas para aplicar las leyes y en medio de quejas de que en lugar de enfocarse en capturar delincuentes violentos, arrestaban a inmigrantes por infracciones menores.
Joe Arpaio, sheriff del condado de Maricopa, en Arizona, usó el programa de manera más intensa en la zona metropolitana de Phoenix y se volvió el agente antiinmigración más conocido de la nación a nivel local, en gran parte debido a la autoridad especial. Debido a un giro extraño, sobre todo debido a la creciente frustración por asuntos legales y los costos derivados de las patrullas, Arpaio fue retirado del cargo en la misma elección que llevó a Trump a la presidencia.
Al firmar días atrás su decreto presidencial, Trump dijo que quiere autorizar a los departamentos locales de policía para que actúen como agentes de inmigración y ayuden con la “investigación, arresto o detención” de inmigrantes que residen ilegalmente en Estados Unidos.
Trump dio sus pasos en momentos en que el país está fuertemente dividido sobre cómo tratar a los inmigrantes. Ciudades como Chicago y San Francisco se han opuesto a que sus policías apliquen las leyes de inmigración, mientras que algunos condados en Massachusetts y Texas están tratando ahora de sumarse a la iniciativa.
Los defensores del plan dicen que los departamentos de policía pueden ayudar a reforzar la aplicación de la ley de inmigración y prevenir que los delincuentes regresen a sus vecindarios. Los críticos argumentan que la delegación de esa tarea a los policías locales conducirá a una discriminación racial y erosionará la confianza de la comunidad hacia la policía.
Cecillia Wang, una abogada de la American Civil Liberties Union (Unión Estadounidense por los Derechos Individuales, ACLU por sus siglas en inglés), dijo que los jefes de policía que quieren sumarse a la aplicación de las leyes de inmigración deben recordar lo que pasó cuando 100 de los agentes de Arpaio recibieron poder federal para hacer arrestos.
El sheriff utilizó la nueva autoridad para realizar las patrullas de tránsito dirigidas contra los inmigrantes. Las patrullas fueron desacreditadas posteriormente en un juicio en el que un juez federal concluyó que los agentes de Arpaio discriminaron racialmente a los latinos. La demanda le ha costado hasta ahora a los contribuyentes del condado 50 millones de dólares.
“Hay gente como Joe Arpaio que tiene una cierta agenda política y que quiere subirse al carro de Trump”, dijo Wang, antes de agregar que el sheriff de Arizona fue “el más delincuente despreocupado y descarado” en el programa. Phoenix (AP)
