Tercer tribunal declara ilegal propuesta de excluir indocumentados del Censo

Un tribunal federal de Maryland bloqueó el intento del Gobierno del presidente Donald Trump de excluir a los indocumentados del Censo 2020, lo que supone la tercera derrota judicial para la Administración, que propone un cambio sin precedentes con repercusiones millonarias para los estados donde viven estos inmigrantes.

 

El panel del Cuarto Circuito de los EE.UU., compuesto por las magistradas Pamela Harris, Ellen Hollander y Paula Xinis, prohibió al secretario de Comercio, Wilbur Ross, enviar al Gobierno cualquier cifra que especifique la cantidad de inmigrantes indocumentados que residen en el país.

Con este fallo ya son tres los tribunales que se pronuncian contra la iniciativa del Gobierno.

El pasado 22 de octubre otro panel de jueces en el norte de California dictaminó que el memorando ejecutivo emitido en julio pasado por la Casa Blanca, que ordenaba no incluir en el conteo a los inmigrantes indocumentados, es “inconstitucional y viola las leyes que rigen el censo”.

El fallo en California se unió a la decisión tomada el pasado 10 de septiembre por un panel del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

En su dictamen, el tribunal neoyorquino apuntaba a que la orden de Trump viola las "responsabilidades constitucionales" del Ejecutivo estadounidense de "contar el número completo de personas en cada estado y repartir los miembros de la Cámara de Representantes entre los estados de acuerdo con las cifras respectivas".

Tanto la decisión de Nueva York como de California ordenaron al Departamento de Comercio no entregar a la Casa Blanca cualquier información que ayude a llevar a cabo la orden.

Se espera que el Gobierno de Trump apele la orden como lo hizo con la decisión dada en Nueva York y la de California.

Tras la presión de la Casa Blanca, el Tribunal Supremo decidió acelerar su revisión sobre el fallo de Nueva York. El máximo tribunal escuchará los argumentos el próximo 30 de noviembre.

El censo se realiza en Estados Unidos cada 10 años por mandato constitucional, y el propósito de contar a todas las personas presentes en el país es la asignación de representación de los estados en el Congreso y el Colegio Electoral, y de miles de millones de dólares para programas de infraestructura, hospitales, escuelas y asistencia social.

En 2019, Trump ya había perdido una batalla legal sobre este tema cuando intentó que el cuestionario del censo incluyera una pregunta acerca de la ciudadanía de los residentes en el país. La pelea concluyó con una decisión del Supremo desfavorable para el presidente.

Las operaciones de campo del Censo 2020 culminaron el 15 de octubre, tras una orden del Tribunal Supremo en respuesta a una apelación de la Casa Blanca para poner fin al conteo, que debería culminar el 31 de octubre.

El Supremo no publicó los motivos de su decisión, pero la magistrada progresista Sonia Sotomayor sí hizo pública su opinión disconforme. Los Ángeles (EFE)

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