WASHINGTON (AP) — Chuck Grassley, quien votó por la amnistía de 1986, opina que antes de legalizar a los inmigrantes sin papeles es vital garantizar la invulnerabilidad de la frontera con México. Ted Cruz no quiere ni oír hablar de darle la ciudadanía a los extranjeros que violaron las leyes a sabiendas al vivir en el país sin permiso de estadía.
Ambos se pronunciaron en contra del proyecto de reforma a las leyes de inmigración que aprobó una comisión del Senado y dejaron en claro que no todos los republicanos están moviéndose hacia el centro en el debate en torno a la iniciativa que busca legalizar a unas 11 millones de personas y reforzar al mismo tiempo la vigilancia de las fronteras.
De hecho, solo tres de los ocho republicanos de la Comisión Judicial que envió el proyecto al Senado en pleno aprobaron la iniciativa, lo que hace que surjan dudas respecto a su futuro, sobre todo en la Cámara de Representantes, donde los republicanos son mayoría.
Los demócratas controlan el Senado, pero no suman necesariamente los 60 votos que les permitirían anular eventuales maniobras obstruccionistas (discursos inacabables que impiden una votación, una táctica conocida en inglés como "filibuster"), y resta por verse hasta qué punto los republicanos están dispuestos a moderar sus pareceres sobre el tema y aprobar el proyecto, como piden muchos de sus líderes, convencidos de que es vital atraer un voto hispano que cada día tiene más peso.
La línea dura de Mitt Romney hacia los inmigrantes sin papeles podría haberle costado la elección presidencial del año pasado. Esa derrota terminó de convencer a los republicanos de que es imperioso captar un mayor porcentaje del voto hispano e hizo que muchos de sus máximos dirigentes apoyasen una reforma, incluidos algunos que se oponían firmemente a ella. Se pensó que, con ese cambio de actitud, el camino hacia la reforma quedaba despejado.
Es evidente, no obstante, que todavía queda mucho por hacer para convencer a los republicanos de apoyar el proyecto y que su aprobación no está garantizada ni siquiera en el Senado, donde los demócratas tienen 53 bancas, contra 45 de los republicanos y dos independientes.
Grassley cree que el proyecto actual no contempla medidas para garantizar la seguridad de la frontera.
"Nadie pone en duda que este proyecto contempla la legalización primero y el control a la inmigración ilegal después", dijo Grassley. "Y eso es inaceptable para mí y para el pueblo estadounidense".
Grassley sostiene que la reforma de 1986 fue un fracaso porque no impidió el ingreso de 11 millones de inmigrantes sin papeles.
La legislación permite que un estimado de 11 millones de personas que viven ilegalmente en Estados Unidos pueda obtener un "estatus migratorio provisional" seis meses después de la promulgación de la ley, si satisfacen ciertas condiciones: Los solicitantes deben haber llegado a Estados Unidos antes del 31 de diciembre de 2011 y deben mantener una presencia física continua, no deben tener antecedentes policiales graves y tendrán que pagar una multa de 500 dólares.
La condición de inmigrante provisional dura seis años y es renovable por cuatro años más con el pago de otros 500 dólares. Después de una década, las personas pueden pedir una tarjeta de residente permanente, conocida como "green card", siempre que estén al día en sus impuestos y paguen una multa de 1.000 dólares, entre otras condiciones.
Además de Grassley y Cruz, también votaron en contra del proyecto Jeff Sessions, John Cornyn y Mike Lee. Los republicanos que votaron a favor fueron Lindsay Graham, Jeff Flake y Orrin Hatch.
Entre Sessions y Grassley presentaron 126 de las 300 enmiendas al proyecto que debieron ser consideradas, de las cuales fueron aprobadas 141. Cruz presentó cinco, incluida una por la cual se negaría la ciudadanía a toda persona que haya estado en el país ilegalmente.
Ante la insistencia de los republicanos en que el proyecto no tiene suficientes medidas para garantizar la seguridad fronteriza, el senador demócrata Chuck Schumer le dijo a Cruz: "Aún si hiciéramos todo sobre seguridad fronteriza, si el proyecto de ley incluye la opción a la naturalización, usted no lo apoyaría".
"Dejemos de presentar este argumento falso de que no hacemos nada sobre seguridad fronteriza", insistió.
La principal objeción de Sessions a la reforma es que permitirá el ingreso legal a Estados Unidos de demasiados extranjeros, lo que dificultará a muchos estadounidenses obtener empleo o impedir una reducción de sus salarios.
El proyecto que evalúa el Senado fue elaborado por un grupo bipartidista de ocho senadores y busca condicionar la legalización y eventual naturalización de los inmigrantes sin papeles a un reforzamiento de la seguridad fronteriza.
Funcionarios de alto rango en el partido republicano, como el presidente de la cámara baja John Boehner, han expresado públicamente su disposición a considerar una reforma después de que el presidente Barack Obama resultara reelegido en noviembre con el 70% del voto hispano.
Y uno de los senadores más conservadores, el cubano-estadounidense Marco Rubio, incluso integró el grupo de los ocho que redactó el proyecto de ley.
No está claro, no obstante, si la necesitad de cortejar el voto hispano aliviará o profundizará las fisuras creadas en el Partido Republicano entre pragmáticos moderados que apoyan la reforma y sectores más radicales que se oponen a ella vehementemente por cuestiones ideológicas.
Demetrios Papademetriou, presidente del Instituto de Política Migratoria (MPI por sus siglas en inglés), dijo a AP que "hay una gran cantidad de congresistas a quienes no les importa si latinos, asiáticos u otros (grupos étnicos) votan por ellos. Estas personas nunca votarán a favor de una reforma migratoria".
De las 300 enmiendas presentadas por los 18 integrantes de la comisión judicial al proyecto de ley de 844 páginas, 194 provinieron de los ocho republicanos, encabezados por las 77 del jefe de la bancada Grassley.
En algunos casos, la oposición a la reforma podría obedecer más a las realidades políticas de cada senador que a cuestiones ideológicas.
El republicano Carlos Gutiérrez, quien fuera secretario de Comercio durante el gobierno de George W. Bush, admitió a AP que algunos senadores republicanos "temen que en sus distritos tengan un contrincante de la derecha en las primarias (del 2014) que venga gritando amnistía y ese tipo de cosas".
Gutiérrez se refería al Tea Party, la facción más conservadora del partido que se opone a la opción a la naturalización porque la considera una amnistía que premia a personas que violaron las leyes al permanecer en el país ilegalmente.
Los republicanos han perdido recientemente varios escaños legislativos cuando políticos moderados de amplia experiencia cayeron en las primarias ante aspirantes menos experimentados del ala más radical, quienes terminaron siendo derrotados por demócratas en la elección general.
Por ejemplo, el jefe de la bancada republicana en el Senado Mitch McConnell, y el segundo en jerarquía —el texano Cornyn— deben buscar la relección en los comicios legislativos de medio término del 2014 y necesitan por lo tanto proteger su ala conservadora ante contrincantes apoyados por el Tea Party en las primarias.
Matt Barreto, profesor asociado de Ciencias Políticas en la Universidad de Washington, calificó a la reforma migratoria como una oportunidad para que el partido republicano recupere el 40% del voto hispano alcanzado por George W. Bush en 2004.
"Los republicanos no necesitan ganar el 60% del voto latino para convertirse nuevamente en un partido nacional efectivo. Lo que necesitan es no perder el 70%", agregó. "Ellos no ganarán la mayoría (del voto hispano), pero no tienen que estar destinados a perder 75 a 25%".
Barreto advirtió que la oposición a la reforma migratoria no representa dividendos políticos porque "las personas en Estados Unidos que son más conservadoras sobre inmigración ya apoyan a estos miembros de la cámara baja y el Senado. Ese apoyo no se va a ir a otra parte. No es que están ganando votos nuevos que ya no los apoyan".
Una eventual aprobación de la reforma en el Senado resolvería solamente la mitad de la ecuación, y quedaría pendiente la votación en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos.
