Hospitales públicos del estado de Texas (EE.UU.) preguntan el estatus migratorio de los pacientes por una orden del gobernador Greg Abbott para recolectar información sobre el costo de los cuidados -a migrantes que no tienen estatus legal- para pasarle la factura al gobierno federal.
La norma no restringe a los hospitales a proveer servicios, pero obliga a los centros de salud a proveer informes sobre la carga económica que representa la atención a esta comunidad.
Texas se une a Florida, que también recolecta datos sobre la atención que sus hospitales le dan a los indocumentados, que por ahora es ínfima.
Los pacientes no están obligados a responder la pregunta. Según ley federal, los hospitales están obligados a proporcionar detección y estabilización de emergencia.
El gobernador (rep) busca un “reembolso” por parte del gobierno de los gastos en los que el estado haya incurrido para “apoyar el cuidado médico” de inmigrantes indocumentados. “Los tejanos no deben tener que soportar la carga de apoyar la atención médica de inmigrantes ilegales”, dijo Abbott.
La orden pide a los hospitales informar a los pacientes que la respuesta sobre su estatus migratorio “no afectará el cuidado” que reciban.
La Asociación de Hospitales de Texas recalca que la entrada en vigencia de la orden no modifica el servicio a prestar.
En Florida, datos iniciales sugieren que menos del 1 % de las visitas y admisiones a salas de emergencia de hospitales fueron entre inmigrantes indocumentados.
La normativa en Florida obliga a los hospitales a indicar a los pacientes que la respuesta sobre su estatus legal en EE.UU. no dará lugar a un informe a las autoridades de inmigración. San Antonio (EFE)
