Es necesario reflexionar sobre una eventual implementación de otros documentos que faciliten la regulación migratoria de los flujos laborales o, bien, la necesidad de flexibilizar los criterios existentes en torno a los documentos actuales, a fin de promover una migración segura, ordenada y regular, señala un estudio de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Así se anotó como parte de las conclusiones sobre el tema de flujos laborales y que salieron publicadas en “Dinámicas Laborales en la Frontera México-Guatemala 2018”, Movilidades 3, Revista electrónica bimestral de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas 2020, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración.
De acuerdo con el documento, en este contexto podría plantearse una disminución gradual del costo para las personas físicas de la Tarjeta de Visitante Trabajador Fronterizo, así como refrendar las obligaciones y beneficios de adquirirla, tanto para empleados como para empleadores, y con ello promover programas de ahorro y prestaciones laborales.
Estas medidas, precisa, podrían ser complementarias a un esquema de integración regional que incluya a personas migrantes y sus familias, extensivo no sólo a la población guatemalteca, sino también a la salvadoreña y a la hondureña, independientemente del trámite de solicitud de la condición de refugiado que se pudiera haber iniciado.
Asimismo, la publicación señala que esto se hace necesario debido a que el estado de Chiapas es paso común de migrantes indocumentados provenientes de otros países, por lo que el origen geográfico de esa entidad está asociado a la concentración sectorial de las actividades económicas que destacan como la agropecuaria (que representó en 2018 a 39.3 por ciento de los trabajadores), la construcción (19.1 por ciento), y el comercio (14.1 por ciento).
Los atributos de estos subsectores de actividad económica guardan relación con una calidad de empleo deficiente, la cual se refleja en un nivel salarial bajo, en escasas prestaciones laborales y en largas jornadas de trabajo. En realidad, estas condiciones no son privativas de la población migrante laboral, sino del mercado de trabajo en el sur del país. México (NOTIMEX)
