Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes solicitaron una orden de restricción a la más reciente y difícil medida de la Administración del presidente saliente, Donald Trump, contra los migrantes que buscan asilo en la frontera con México.
La Administración Trump impuso que la medida entre en vigor el 19 de enero, apenas unas horas antes de que Trump abandone el cargo al día siguiente, con el fin de eliminar todas las posibilidades de que los migrantes que llegan a la frontera encuentren asilo.
Miles de personas a quienes afecta la llamada “última regla” enfrentan “mayores obstáculos para obtener protección en los Estados Unidos y, en la mayoría de los casos, permanecerían separadas de forma permanente de sus familiares que aún viven en circunstancias peligrosas en sus países de origen” dijo Erika Pinheiro, directora de litigios y políticas de Al Otro Lado.
Al Otro Lado presentó la demanda colectiva a nombre de los grupos en coalición y de 11 migrantes a quienes esa medida afecta notablemente.
Melissa Crow, abogada del Centro Sureño Legal para la Pobreza (SPLC), declaró que “en sus últimos días, la Administración Trump publicó una regla de inelegibilidad de asilo final que es funcionalmente idéntica a una regla provisional que un tribunal previamente prohibió que aplicara el Gobierno”.
Esta última regla es igual a otra que había impuesto en julio de 2019 que prohibía conceder asilo a los migrantes que, al buscar refugio en Estados Unidos, habrían pasado primero por otros países sin solicitar ahí el asilo.
La regla que entraría en vigor en escasos 12 días también vuelve a prohibir que los jueces consideren la violencia conyugal y de pandillas como causales del asilo, una regla que había impuesto el hoy exfiscal general Jeff Sessions en 2018.
Esta nueva versión “es sustancialmente idéntica a una anterior que buscaba prohibir el asilo provisional y que los tribunales habían declarado ilegal”, dijo Baher Azmy, director legal del Centro de Derechos Constitucionales.
Por lo tanto, "la solicitud de emergencia -para impedir que entre en vigor- busca proteger la integridad del fallo anterior de un tribunal y miles de solicitantes de asilo que podrían ser vulnerables a este último ataque”, dijo Azmy.
Por su parte, Karolina Walters, abogada del Consejo Estadounidense de Inmigración, declaró que “el Gobierno no puede retener esas protecciones simplemente porque no está de acuerdo con el fallo” anterior. San Diego (EFE)
