El ministro panameño de Seguridad, Juan Manuel Pino, dijo que el gobierno responderá al informe de una relatoría especial de la ONU que expresa su “grave preocupación” por “las condiciones de recepción” de los migrantes irregulares que llegan a Panamá tras atravesar la selva del Darién en su viaje hacia Norteamérica”.
El Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes alerta de las denuncias sobre “las condiciones supuestamente precarias e insalubres” de las llamadas Estaciones de Recepción Migratoria (ERM) de Panamá, según informe entregado al gobierno de Panamá en diciembre pasado.
Las denuncias abarcan supuestos malos tratos, abusos, incluso de carácter sexual, por parte de las autoridades que gestionan las ERM hacia los migrantes, que llegan a Panamá tras recorrer países suramericanos y cruzar la peligrosa selva del Darién.
Las ERM están situadas en las fronteras sur (Colombia) y norte (Costa Rica) de Panamá, en las que hay funcionarios de entidades de seguridad como el Servicio Nacional de Migración y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).
“Esto se va responder porque Panamá trabajó estos temas desde el 2020 con el Ministerio Público que está en los campamentos de recepción y no hay ninguna denuncia formal por violación en contra de funcionarios de ambas instituciones”, afirmó Pino.
El escrito hace énfasis en que en las ERM las personas migrantes irregulares “se encontrarían de facto privadas de libertad, no estan autorizadas a salir de dichos centros, salvo para ser trasladadas por las autoridades panameñas a la frontera con Costa Rica”, a un costo de 40 dólares por persona que deben asumir los viajeros.
“Aunque estas estaciones no son consideradas por las autoridades panameñas como centros de detención”, dice el documento, firmado por el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Felipe González Morales; Mumba Malila, vicepresidente del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, y otros funcionarios.
“Sin prejuzgar la veracidad de estas alegaciones (...) nos preocupan las condiciones de recepción de las personas migrantes”, dada “la insuficiente atención dada a las necesidades básicas” en las ERM y “falta de acceso a mecanismos de justicia y reparación para personas que han sido víctimas de violencia, entre otras”. Panamá (EFE)
