Por Nicholas RICCARDI
Los defensores de los derechos de los inmigrantes que están en el país ilegalmente tienen un nuevo mensaje: detengan las deportaciones ya.
El sorpresivo anuncio de la semana pasada del presidente Barack Obama de que su gobierno revisaría su política de deportaciones para hacerla más “humana” refleja el nuevo enfoque en la batalla por los derechos de los extranjeros que están en el país sin autorización legal.
Los defensores de estos inmigrantes y una inusual coalición de organizaciones empresariales, laborales y religiosas se unieron para pedir al Congreso que aprobase un proyecto de ley que eliminaría la amenaza de deportación que pende sobre unos 11 millones de extranjeros que están en el país ilegalmente y abriría las puertas para que en algún momento saquen la ciudadanía. Hoy por hoy, con la reforma estancada en el Congreso, lo único que quieren los activistas es frenar las deportaciones.
Durante los seis años de gobierno de Obama ha habido cerca de 2 millones de deportaciones, más que en los ocho años de George W. Bush, según los detractores del mandatario. Hay sectores, no obstante, que piden políticas más severas y que dicen que las cifras del gobierno están infladas.
El gobierno anunció que reconsideraría su política de deportaciones tras un encuentro con el bloque legislativo hispano. Los activistas piden asimismo que las legislaturas estatales dejen de participar en un programa para ayudar a las autoridades federales a deportar gente y muchos de ellos se encadenaron a las entradas de algunas prisiones o de centros de detención de inmigrantes.
“Hay que remediar esto, y rápido”, afirmó Reyna Montoya, de 23 años, de Phoenix, cuyo padre pelea una orden de deportación y quien figura entre los autores de una carta abierta que decenas de activistas jóvenes escribieron para decir que la ciudadanía puede esperar. “La gente que se ve directamente afectada lo único que quiere es paz. Más adelante se preocuparán de recibir la ciudadanía”, dice Montoya.
Ese énfasis en la suspensión de las deportaciones, por otro lado, podría representar una división en la coalición que por mucho tiempo viene postulando un remedio único para los problemas de los inmigrantes ilegales: una reforma integral que contemple la ciudadanía. Y las tácticas más agresivas y desafiantes podrían caer mal.
“Una foto de un policía sangrando de la nariz y se acabó todo para esta gente”, expresó Mark Krikorian, del Centro de Estudios de Inmigración, que propugna mayores restricciones a la inmigración.
Muchos inmigrantes esperaban que a estas alturas el Congreso ya habría aprobado una ley regularizando el estatus de las personas que residen en Estados Unidos sin autorización legal y dándoles la posibilidad de adquirir la ciudadanía, pero el enfrentamiento entre los dos grandes partidos ha provocado el estancamiento de esa legislación.
Mientras tanto, el gobierno de Barack Obama sigue deportando a cientos de miles de personas cada año. Actualmente los activistas pasan menos tiempo promoviendo la regularización migratoria y más tratando de limitar las deportaciones.
El cambio de política de los activistas se produce luego de que se estancase la reforma el año pasado, cuando muchos pensaron que sería aprobada. Los republicanos se las ven en figurillas para contentar a quienes quieren incrementar las deportaciones y a quienes ven con alarma cómo hispanos, asiáticos y otras comunidades de rápido crecimiento se vuelcan hacia los demócratas
Obama ya puso fin a algunas deportaciones. En el 2012, cuando cortejaba el voto hispano mientras hacía campaña en busca de la reelección, suspendió las deportaciones de los jóvenes que fueron traídos al país de niños y que habían terminado la secundaria o servido en las fuerzas armadas.
Numerosos activistas quieren que el mandatario amplíe esa política para que abarque a más gante y Chris Newman, director legal de la National Day Laborer Organizing Network, cree que eso es inevitable. “La Casa Blanca le ha dicho a la comunidad que defiende los derechos de los inmigrantes que tuvo que reforzar las medidas represivas para crear un clima político que permitiese la aprobación de una reforma a las leyes de inmigración”, dijo Newman. “Pues esa apuesta falló”.
Roy Beck, de Numbers USA, que postula una política más restrictiva todavía hacia la inmigración ilegal, dijo que la suspensión de las deportaciones tampoco funcionará. “Es algo demasiado radical”, sostuvo.
Los activistas están dispuestos a correr el riesgo.
A fines del año pasado miembros de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Austin admitieron que no hay esperanzas de que se apruebe una reforma integral a corto plazo y comenzaron a presionar para que la policía local dejase de participar en el programa Comunidades Seguras, que comprueba el status inmigratorio de toda persona detenida por cualquier razón y si descubre que está en el país ilegalmente la deriva a las autoridades federales de inmigración. El mes pasado seis miembros de la coalición fueron arrestados por encadenarse entre ellos para bloquear el ingreso a la cárcel del condado.
“Decidimos que teníamos que cambiar de enfoque porque esta es una campañas con más perspectivas”, manifestó el director ejecutivo de la coalición Alejandro Laceres. “No podemos darnos el lujo de avanzar al ritmo” del Congreso, añadió.
En Arizona, los activistas lanzaron una serie de protestas, incluido el bloqueo de autobuses que transportan inmigrantes a los tribunales. “Nos dimos cuenta de que estamos perdiendo demasiada gente en nuestra comunidad”, dijo Carlos García, de la organización Puente Arizona, durante una entrevista telefónica hecha minutos antes de ser detenido frente a las oficinas de la Policía de Inmigración y Aduanas de Phoenix. La posibilidad de que las tácticas más beligerantes no sean bien recibidas “ya no cuenta”.
“Nos duele la cabeza de pensar tanto en otras soluciones”.
Los activistas han tenido mucho más éxito a nivel estatal. Su mayor victoria se produjo el año pasado en California, donde el gobernador Jerry Brown estampó su firma en el Trust Act, una ley que impide a la policía californiana participar en Comunidades Seguras.
Organizaciones de Illinois y Massachusetts están presionando por medidas similares.
Un caso emblemático es el de Abel Bautista, quien fue detenido por viajar ocho millas por encima del límite de velocidad en la carretera interestatal de Colorado en el 2012 y desde entonces pelea una orden de deportación. Al principio no se preocupó demasiado porque pensó que se aprobaría una reforma a las leyes de inmigración. Pero ahora que esa iniciativa está estancada sufre pensando en el trauma que padecen sus tres hijos mientras él pelea su deportación.
“No sabemos qué hacer”, dijo Bautista en una entrevista en la que relató cómo el desempeño académico de sus hijos mermó y cómo lloran cuando va a los tribunales. “Si la comunidad se une y hace más manifestaciones, tal vez nos escuchen”. DENVER (AP)
