El Gobierno mexicano negó ser “cómplice” de la política migratoria de Donald Trump tras la publicación de un editorial de The New York Times y las acusaciones de Arturo Sarukhán, exembajador mexicano en Washington.
Roberto Velasco, director para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), respondió a Sarukhán, quien denunció al compartir el artículo que el Gobierno mexicano “ha sido, de manera abierta o soterrada, cómplice” de la política de Trump.
“El mayor aumento en remociones fue entre 2008 y 2012, siendo tú embajador. Los consulados hacen grandes esfuerzos por defender los derechos humanos de nuestros paisanos”, respondió Velasco. La polémica ocurre tras un editorial que critica la política migratoria de Trump y destaca sus amenazas arancelarias para obligar a México a frenar el flujo de migrantes centroamericanos.
Washington ha conseguido que México “permita a solicitantes de asilo frustrados” esperar en su territorio mientras sus casos se resuelven en EEUU”.
Sin referirse al despliegue de la Guardia Nacional, Velasco argumentó que “México no define la política migratoria de EEUU” y vigila la aplicación de la política de recibir extranjeros que soliciten asilo.
“Se ha hecho un trabajo amplio para que su aplicación, decisión del Gobierno de EEUU, ocurra de manera que se respeten convenciones internacionales, por ejemplo, evitando violar el principio de no devolución”, aseveró Velasco.
La controversia sucede en un contexto en el que la SRE ha verificado “irregularidades” en cirugías hechas a mujeres migrantes en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de EEUU.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acusó a la SRE y al INM por las migrantes mexicanas que sufrieron cirugías forzadas en EEUU y no recibieron ayuda de las autoridades mexicanas.
Velasco aseguró que la red consular mexicana, la Embajada en Washington y la Cancillería “trabajan diariamente” con ICE, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).
“Hasta la fecha apoyamos múltiples casos legales sobre abusos, como el del centro de detención de ICE en Georgia”, afirmó el funcionario. México (EFE)
