De forma unánime la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles se opuso a la nueva regla de inmigración anunciada por la administración del presidente Donald Trump de sancionar a la supuesta carga pública que representan los inmigrantes.
Los supervisores expresaron su oposición a una propuesta de cambio de reglas del gobierno de Trump que podría hacer que la inmigración sea más difícil para las personas que reciben asistencia del gobierno.
En una votación unánime, la Junta de Supervisores acordó enviar una carta a los funcionarios de inmigración y del Congreso de Estados Unidos desafiando la regulación propuesta el mes pasado por el Departamento de Seguridad Nacional.
También acordaron trabajar para notificar a los residentes locales sobre el esfuerzo de la administración y estudiar unirse a cualquier desafío legal si la administración finalmente adopta el plan en los próximos meses.
"Esta regla, si se adopta, en mi opinión sería muy perjudicial", dijo la supervisora Hilda Solís. "Es responsabilidad moral y cívica del condado ofrecer servicios a todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio", indicó tras advertir que se está sancionando con esas medidas a la pobreza.
Solís también advirtió que muchos niños nacidos en Estados Unidos que cuentan con el derecho y protección social por ser estadunidenses, podrían no recibir la atención que les corresponde por el temor de sus padres de ser indocumentados y eso es violatorio de sus derechos constitucionales.
La norma propuesta ampliaría la disposición de "carga pública" del gobierno federal. Bajo esa regla, el gobierno sopesaría si las personas que buscan ingresar legalmente al país con visas pueden depender de la asistencia pública.
También se aplicaría a las personas que buscan hacer que su estadía en la nación sea permanente.
El gobierno de Trump ha propuesto extender la normativa actual de los pagos en efectivo a los que normalmente se hace referencia como asistencia social a otros artículos tales como cupones de alimentos, instalaciones de vivienda pública y vales de vivienda. Dicha ayuda contaría como factores "negativos" en las decisiones de inmigración.
Los defensores de la inmigración argumentan que el cambio eliminaría los servicios que los inmigrantes están legalmente autorizados a recibir. También les preocupa que pueda asustar a otros inmigrantes que no están afectados por la regla de obtener ayuda del gobierno por precaución.
Los funcionarios de la administración dicen que la regla pretende garantizar que las personas que buscan visas o tarjetas verdes sean autosuficientes.
"Aquellos que buscan emigrar a Estados Unidos deben demostrar que pueden mantenerse financieramente", dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen.
La normativa no se aplicaría a los residentes permanentes legales que buscan la naturalización o la ciudadanía, y aquellos que han recibido asilo o han sido admitidos como refugiados.
Al expresar sus votos en términos emocionales durante una audiencia en la que varios oradores públicos expresaron su preocupación por el impacto en los inmigrantes, los supervisores votaron por unanimidad para adoptar la respuesta.
Su moción también incluiría una carta de apoyo al Procurador de California, Xavier Becerra, quien está considerando un desafío legal contra la administración federal.
La presidenta de la Junta, Sheila Kuehl, dijo que el condado debería oponerse al "acosador en la Casa Blanca", refiriéndose al presidente Trump. "Este es solo uno de los muchos intentos de Washington por hostigar a la comunidad inmigrante".
La supervisora Kathryn Barger dijo que le preocupaba que, por ejemplo, aumentarían los costos en las salas de emergencia del condado si los inmigrantes renuncian a su ayuda con la atención preventiva por las preocupaciones de que ellos o sus familias podrían ser penalizados por los funcionarios de inmigración.
"Si bien creo que los programas de servicio social deben ser una ayuda y no un folleto, también reconozco su importancia para el condado y sus residentes", dijo.
"Como proveedor de la red de seguridad para la región, tenemos el deber de proporcionar acceso y atención a todos los residentes del condado", aseveró. Los Ángeles (NOTIMEX)