Los jueces conservadores del Tribunal Supremo de Estados Unidos criticaron los argumentos del gobierno del presidente Joe Biden durante la primera audiencia en el caso sobre su política de criterios de deportación, que impone claves diferentes a las dictadas por su antecesor Donald Trump (2017-2021).
El caso concierne a una demanda de Texas y Luisiana a las políticas de deportación de Biden, emitidas en febrero de 2021, que instruyen a la agencia del gobierno encargada de aplicar las leyes migratorias a dar prioridad a la hora de arrestar y deportar a inmigrantes que hayan cruzado la frontera de manera irregular o cometido crímenes graves.
Los estados demandantes aseguran que la nueva directriz es ilegal, por ley, el servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) tiene el deber de detener a todos los migrantes indocumentados que hayan cometido crímenes.
Los abogados del gobierno Biden subrayaron uno de los argumentos presentados por el Departamento de Seguridad Nacional al presentar el cambio en las directrices: “No se trata de reducir la aplicación de leyes de migración, sino de priorizar los recursos limitados” del gobierno, dijo la abogada Elizabeth Prelogar.
John Roberts, uno de los seis jueces que forma la mayoría conservadora en la máxima instancia de justicia, mostró su oposición: “Nuestro trabajo es decir qué dice la ley, no si puede ser implementada o no”.
El juez Brett Kavanaugh criticó las directrices: “El Congreso ya estableció su propia lista de prioridades y ha dicho que cierto tipo de migrantes deben ser detenidos, y este memorando dice a los oficiales de ICE que no hagan eso”.
Uno de los argumentos que los estados han presentado a las directrices de Biden es que el hecho de que solo se detenga o se deporte a cierto tipo de migrantes indocumentados lleva a gobiernos estatales a incurrir en más gastos.
La jueza Elena Kegan, expresó su preocupación: “Vamos a estar en una situación en la que cada gobierno se va a enfrentar a demandas por parte de los estados que pueden llevar la política a un punto muerto sólo con mostrar que han incurrido en costos”. Washington (EFE)
