El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a California y a dos altos funcionarios del estado, a quienes acusó de interferir en los esfuerzos federales de inmigración, reportaron autoridades judiciales.
La demanda, presentada este martes ante la corte federal estadunidense en Sacramento, capital de California, aduce que los acusados aprobaron e hicieron cumplir leyes estatales que dificultan las operaciones del gobierno de Estados Unidos contra las personas indocumentadas.
La demanda señala que la Constitución otorga al gobierno de Estados Unidos autoridad sobre inmigración, y acusa a California de bloquear los esfuerzos del Departamento de Seguridad Nacional e imponer "obligaciones inadmisibles" al gobierno federal, lo que pone en peligro a comunidades del estado y más allá.
El caso representa una escalada en la batalla entre el gobierno del presidente Donald Trump y California, cuyo gobernador demócrata, Jerry Brown, y el fiscal general, Xavier Becerra, se oponen a la política migratoria de la Casa Blanca.
Usando el tono y el lenguaje de Trump en Twitter, el gobernador Brown emitió un comunicado esta noche que calificó la demanda federal con la etiqueta de "¡¡¡¡¡¡¡¡MAL !!!" y “un truco político”.
En 2017, California aprobó tres leyes relacionadas con la inmigración que ocupan un lugar destacado en la demanda, la primera de las cuales prohíbe a empleadores privados cooperar con la autoridad federal de migración, y exige que las empresas notifiquen a los trabajadores antes de una redada federal.
Una segunda norma restringe la aplicación de la ley estatal y local de compartir voluntariamente información con la autoridad federal sobre las fechas de liberación de personas indocumentadas bajo custodia, y prohíbe la transferencia de indocumentados a la custodia federal.
La tercera ley prevé inspecciones estatales en los centros de detención que mantienen a los no ciudadanos bajo custodia federal.
El Departamento de Justicia solicita una orden judicial preliminar para bloquear esas tres leyes.
Los abogados federales citaron como precedente una disputa de 2012, en la cual el gobierno del entonces presidente Barack Obama demandó a Arizona por una ley antiinmigrante, algunas de cuyas disposiciones fueron "anuladas" bajo la Cláusula de Supremacía de la Constitución federal en materia migratoria.
El fiscal general Jeff Sessions hablará el miércoles ante la Asociación de Funcionarios de Paz de California en Sacramento, y según se ha dado a conocer, expresará que "el Departamento de Justicia y la administración de Trump van a luchar contra estas políticas injustas, injustas e inconstitucionales que se les han impuesto".
"Estamos luchando para hacer que sus trabajos sean más seguros y para ayudarlo a reducir el crimen en los Estados Unidos", indica un extracto del discurso que se ha difundido.
El fiscal californiano Becerra, exrepresentante demócrata, hablará con el mismo grupo más tarde.
En su declaración, el gobernador Brown manifestó que "en un momento de agitación política sin precedentes, Jeff Sessions ha venido a California para dividir aún más y polarizar a Estados Unidos", y advirtió: "estas acrobacias políticas pueden ser la norma en Washington, pero no funcionan aquí. ¡Triste!".
En la capital federal, altos funcionarios del Departamento de Justicia dijeron que California actúa de "maneras obviamente nuevas" y que sus leyes estatales "en algunos aspectos van más allá de lo que hemos visto" en otros lugares, y adelantaron que podrían revisar las leyes de otros estados.
El Departamento de Justicia afronta otras batallas judiciales con California y otras jurisdicciones por sus amenazas de negar recursos federales a las fuerzas del orden público si se niegan a compartir voluntariamente información con las autoridades de inmigración. Sacramento (NOTIMEX)
