Después de más de un año de travesía, de cruzar la selva del Darién, lavar carros en Guatemala y limpiar vidrios en Ciudad de México, Luis Alberto Castillo recibió el mensaje que tanto esperaba: una fecha para entrar a Estados Unidos.
Un día antes de que Donald Trump asumiera la presidencia —y pusiera fin a la aplicación ‘CBP One’, con la que Castillo consiguió su cita con migración— el venezolano se presentó ante las autoridades en la frontera con México. Las horas pasaban y su familia dejó de recibir noticias, hasta que su esposa recibió una llamada. “Me metieron preso. Es por los tatuajes”.
Semanas después, su familia lo vio esposado en imágenes que EE.UU. compartió del primer grupo de migrantes enviados a la base militar de Guantánamo.
El gobierno de Trump celebró la detención de miles de migrantes indocumentados, trasladando a algunos a Guantánamo bajo acusaciones de vínculos con el crimen organizado. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, los calificó como “lo peor de lo peor”.
Familiares de tres migrantes venezolanos cuentan otra historia. Aseguran que no fueron arrestados en las calles, sino que ya estaban bajo custodia en un centro de detención en Texas, desde hace más de cinco meses. Niegan que pertenezcan al Tren de Aragua y los describen como hombres trabajadores que huyeron de la crisis en Venezuela. San Antonio (EFE)
