Una coalición que incluye a abogadas de inmigración y un defensor de veteranos deportados exigió al condado de San Diego (California) que la oficina del sheriff deje de trasferir migrantes al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para su deportación.
La abogada Monika Langarica, del Centro de Leyes y Políticas de Inmigración de la Universidad de California en Los Ángeles, denunció en audiencia ente el consejo de supervisores del condado que el Departamento del Sheriff de San Diego “entrega voluntariamente al ICE a los detenidos que no son ciudadanos estadounidenses”, en contra de la leyes estatales que lo prohíben.
La ley SB54, conocida como Acta de los Valores de California, vigente desde 2018, convierte al estado en “santuario” donde los agentes del orden, funcionarios y empleados públicos tienen prohibido colaborar con oficiales de migración y proporcionales información que conduzca a deportaciones.
La abogada destacó que San Diego no sigue el ejemplo de condados como San Francisco, Santa Clara y Los Ángeles, donde las oficinas del sheriff cumplen con las leyes estatales.
Langarica dijo que mientras el Sheriff de San Diego entregó para deportación a 18 “hermanos, padres, hijos de familias de San Diego” al terminar sus sentencias penales, dejó en libertad en 2021 a 111 personas “que cometieron exactamente los mismos delitos” que quienes terminaron deportados.
La también abogada de migración Dulce García narró en una emotiva participación que su hermano, quien fue detenido al presentarse en una corte por carecer de licencia de conducir, fue deportado en 2020 a Tijuana, México, donde “fue secuestrado y torturado durante ocho meses”.
La abogada consiguió que su hermano, Édgar García, regresara a San Diego el año pasado con un permiso humanitario para solicitar asilo como víctima de secuestro, pero el joven sufrió secuelas, incluyendo una sensación y temor de ser seguido, y finalmente falleció en septiembre pasado.
García, directora ejecutiva del Consorcio de los Derechos de los Inmigrantes de San Diego, dijo a representantes del sheriff en la reunión que los logros que dicen tener son insuficientes.
Un oficial del sheriff había presentado gráficas sobre las entregas de migrantes al ICE, según las cuales de 1.143 casos en 2017 la cifra bajó a 266 en 2018 con la entrada en vigor de la SB54, y a 71 entregas en 2020 y 18 en 2021.
Por su parte Robert Vivar, representante de veteranos deportados que ha conseguido que al menos una docena de soldados regresen al país, presentó su propio testimonio.
Vivar fue sorprendido al tomar unas pastillas de una tienda en Los Ángeles en 2002. Era un delito menor con sanción administrativa pero su defensora de oficio le aconsejó declararse culpable de intención de conseguir drogas, delito que ameritaba deportación inmediata y fue expulsado a Tijuana.
Regresó a California, donde uno de sus hijos era militar y en 2016 con engaños de agentes del ICE que se presentaron como oficiales de la Policía de Los Ángeles fue detenido, enviado a un centro de detenciones y luego deportado.
Vivar explicó al Gobierno de San Diego el impacto que sufren las familias cuando el responsable económico es deportado, desde perder el lugar donde viven a los problemas de los menores en las escuelas. San Diego (EFE)
