Una organización sin fines de lucro dijo el lunes que está ofreciendo orientación jurídica gratuita en Los Ángeles a familias centroamericanas con órdenes finales de deportación.
Erika Pinheiro, jefa del servicio legal del Centro de Recursos Centroamericano, dijo que la organización con sede en Los Ángeles lanzará el programa de manera oficial el 14 de enero, pero anticipó detalles debido a los reportes noticiosos de que autoridades de inmigración planean realizar redadas enfocadas en ciertas familias centroamericanas a partir del próximo mes.
El programa ha ayudado a unas dos docenas de familias desde que se echó a andar hace dos meses, y tiene unas 80 familias en lista de espera, agregó Pinheiro. La asesoría consiste en una explicación de los derechos básicos de los solicitantes de alivio migratorio y ayuda para encontrar un abogado, llenar solicitudes y presentarse en la corte.
El centro está cerrado por fin de año y reabrirá el 4 de enero, dijo la abogada a The Associated Press.
Añadió que sería injusto que las autoridades deporten a estas familias porque sus miembros están traumados por el viaje y la violencia en sus países, no entienden inglés y carecen de representación legal asignada por el gobierno. Más aún, muchos de estas familias con órdenes de deportación pueden reabrir y pelear sus casos, agregó.
"Hemos encontrado a familias que tienen órdenes finales de deportación no porque no quieren ajustarse a la ley, sino porque cuando salen (de los centros de detención) reciben instrucciones complicadas sobre cómo reportarse ante inmigración y la corte, y no entienden lo que tienen que hacer ni lo que significa faltar a su cita en la corte", dijo Pinheiro.
Las posibles redadas fueron reportadas primero en la víspera de la Nochebuena por el Washington Post. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) sólo ha dicho que seguirá enfocándose en personas que "representan amenazas a la seguridad nacional, seguridad pública y seguridad fronteriza".
Este grupo incluye a inmigrantes que han sido detenidos al tratar de ingresar a Estados Unidos de manera ilegal y aquellos que tienen órdenes de deportación a partir de enero del 2014.
Pinheiro aseveró que el sistema migratorio es tan disfuncional que algunos de los afectados por las posibles redadas podrían ser inmigrantes con casos pendientes, como una madre con dos hijos que ha presentado una moción para reabrir su caso.
La mujer, que huyó de su país en Centroamérica después que su esposo fue asesinado, había salido del centro de detención y cambiado su dirección con inmigración, donde se reportaba cada mes, pero no cambió su dirección con la corte porque no entendió que también tenía que hacerlo.
"Cuando la mujer vino con nosotros, ya tenía orden de deportación. Llamamos a la corte, vimos lo que ocurría y pudimos presentar una moción para reabrir el caso, pero toma varias semanas que las mociones entren en vigor y durante este lapso esta madre y sus niños están sujetos a deportaciones", agregó Pinheiro.
Los fondos para el programa fueron donados por Clérigos y Laicos Unidos por la Justicia Económica, una federación de organizaciones musulmanas, cristianas y judías de varios condados de California. Los fondos cubrirán la ayuda para unas 200 a 250 familias, o unas 1.000 personas en total.
El gobierno del presidente Barack Obama dijo esta semana que este año fiscal deportó la menor cantidad de inmigrantes desde el 2006. De los 235.413 deportados durante el año fiscal que terminó el 30 de septiembre, la mayoría eran convictos por delitos graves. Los Ángeles. (AP)
