La Suprema Corte de Justicia estadunidense pareció dividida ante las acciones de alivio migratorio del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en beneficio de casi cinco millones de inmigrantes indocumentados.
Este lunes culminó la presentación de los argumentos orales en torno a la demanda interpuesta por 26 estados en contra estas acciones ejecutivas.
Tras 90 minutos de argumentos, preguntas y respuestas, ni el gobierno ni los estados encabezados por Texas parecieron haber convencido a la mayoría de los ocho magistrados sobre sus argumentos a favor y en contra de estas medidas.
Aunque el caso ante el máximo tribunal gira en torno a la posibilidad de que los estados puedan demandar al gobierno federal, muchas preguntas de los magistrados se refirieron a la ampliación del Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) y su versión para adultos DAPA.
Varios de los magistrados de orientación conservadora parecieron cuestionar la autoridad de Obama para dictar las medidas de alivio, y dijeron que esta es una facultad del poder legislativo, como los opositores insisten.
"Lo que hacemos es definir los limites de la discreción, y me parece que ese es un acto legislativo y no ejecutivo", cuestionó el magistrado Anthony Kennedy al abogado de la nación, Donald Verrilli.
Kennedy dijo que la situación generada por las acciones del presidente parecía sugerir una situación en la que el mandatario define la política y el Congreso es el encargado de ejecutarla, "y eso está de cabeza".
Por su parte el magistrado en jefe, John Roberts, pareció inclinarse a favor del argumento de Texas de que las medidas de alivio causarían daño al tener que destinar millones de dólares para expedir licencias de conducir a cientos de miles de indocumentados que residen en el estado.
Roberts y el magistrado Samuel Alito parecieron objetar también la contradicción en el lenguaje de los programas, que hacen notar que los beneficiarios estarían "legalmente presentes" en el país, aunque el estatus de su presencia los coloca fuera de la ley.
Por su parte la magistrada Helena Kagan sugirió que la demanda de Texas debería ser sobre las regulaciones contenidas en las acciones y no sobre éstas, al partir de su argumento de que las acciones tendrán un impacto negativo.
"El reto real es sobre las regulaciones", dijo Kagan, al hacer notar que las dos acciones de alivio migratorio darían permisos de trabajo a los inmigrantes que cumplan los requerimientos para acogerse a esta protección, y sin embargo Texas no está demandando por ello.
Por su parte la magistrada Sonia Sotomayor hizo notar las enormes implicaciones políticas de estas acciones, e hizo notar el limbo en el que viven 11 millones de mujeres, hombres y niños, quienes dijo "están aquí, lo queramos o no".
Los argumentos fueron seguidos por cientos de personas en el interior de la repleta sala, incluidos legisladores demócratas y republicanos, así como por Sophie Cruz, la pequeña hija de dos inmigrantes mexicanos del estado de Oaxaca.
En septiembre pasado la niña entregó una carta al papa Francisco para pedir su intercesión a favor de la causa de los inmigrantes.
"Le pido a los jueces que protejan a los niños y a todos los inmigrantes con DAPA y DACA. Tengo derecho a estas protecciones, tengo derecho a vivir con mis papás", dijo después la pequeña ante cientos de simpatizantes congregados en las escalinatas de la Suprema Corte.
La ampliación DAPA podría beneficiar a unos 300 mil jóvenes indocumentados que llegaron cuando eran niños, en adición a unos 700 mil que ya recibieron suspensión de deportaciones y permisos de trabajo.
Por lo que toca a DAPA, ésta beneficiará a más de cuatro millones de padres indocumentados, la mayoría mexicanos, cuyos hijos son ciudadanos estadunidenses o residentes permanentes.
Bajo el calendario tentativo de la corte, su resolución final podría ser emitida en junio próximo, por lo que podría tener incidencia en el debate migratorio, de cara a las elecciones presidenciales de noviembre próximo.
El congresista demócrata por Chicago, Luis Gutiérrez, se manifestó confiado de que el fallo será favorable a Obama, e hizo notar algunas instancias en las que los magistrados parecieron estar a favor de los argumentos del gobierno, además de citar razones humanitarias.
"Vamos a ganar porque tenemos la razón. Tenemos la razón en la ley, tenemos la razón en el público, y tenemos la razón porque queremos defender a nuestro pueblo inmigrante", aseguró el legislador. Washington (NOTIMEX)
