El Tribunal Supremo de Justicia aceptó ocuparse de una demanda contra una norma del gobierno del expresidente Donald Trump bajo la cual puede negarse a un inmigrante la residencia legal si ha pedido ayudas gubernamentales.
En el marco de su política antiinmigratoria, el gobierno de Trump en 2018 por decreto ordenó que los funcionarios de inmigración evaluaran la condición económica de los migrantes para determinar si usarían beneficios públicos como los cupones de alimentos o subsidios para la vivienda.
El argumento del gobierno es que a Estados Unidos le beneficia el asegurarse de que los inmigrantes son económicamente autosuficientes y no se convertirían en una carga pública.
El gobierno de Trump sustentó esa medida en una ley de inmigración de 1882 cuando el Congreso decidió asegurarse de que los extranjeros llegados al país medraran por sí mismos sin dependencia de los programas del gobierno.
Las normas, actualizadas en 1996, definen a la persona "primordialmente dependiente" como la que recibe asistencia del gobierno equivalente a más de la mitad de su ingreso.
Esto sólo incluía los beneficios que se pagan con dinero en efectivo como la asistencia temporal para familias necesitadas o el ingreso suplementario del Seguro Social. En la norma del gobierno de Trump esa definición se amplió para incluir otros programas de beneficios.
Varios estados y grupos que defienden a los migrantes iniciaron querellas en tribunales, uno de los cuales dictaminó que el decreto viola las leyes federales de inmigración al ampliar la definición de quién cuenta como "carga pública" expandiendo el número de personas a quienes se les podría negar la residencia legal.
El gobierno de Trump apeló ese dictamen y ahora el Supremo se ocupará del caso. Algunos expertos en inmigración creen que el gobierno del presidente, Joe Biden, quien ha criticado la política migratoria de su predecesor, probablemente abandonará la causa antes de que el Supremo escuche a las partes en otoño próximo. Washington (EFE)
