PRIMERA DE DOS PARTES
Tras seis años de espera desde el último debate migratorio en el Congreso, comenzó en el Comité Judicial del Senado la discusión del proyecto bipartidista del Grupo de los Ocho, S. 744, cuyo componente central es una vía a la ciudadanía para millones de indocumentados que llegaron a Estados Unidos antes del 31 de diciembre de 2011 y que llenen determinados requisitos.
El comité, integrado por 10 demócratas y ocho republicanos, es la primera escala del plan bipartidista que será deliberado por unas tres semanas y será sometido a enmiendas. Se habían presentado más de 300 enmiendas a la medida, algunas razonables, y otras presentadas mayormente por republicanos con la clara y evidente intención de retrasar el proceso legislativo y descarrilar el proyecto que es producto de un delicado y frágil acuerdo bipartidista. Por ejemplo, la del senador republicano de Texas, Ted Cruz, para evitar que los inmigrantes “que están o han estado voluntariamente sin documentos” sean elegibles a la ciudadanía. Es decir, propone deshacer el corazón del plan bipartidista.
El proyecto ofrece una vía a la ciudadanía de 13 años para millones de indocumentados. Si el plan se convierte en ley, permitirá que quienes llenen los requisitos y completen el proceso de solicitud reciban de inmediato un Estatus de Inmigrante Provisional Registrado (RPI, por sus siglas en inglés) que les permite trabajar, viajar y los ampara de la deportación.
Deberán esperar 10 años para solicitar la residencia permanente, y una vez la obtengan, podrán solicitar la ciudadanía tres años después. Esa vía es más corta para los siguientes grupos: los Soñadores que ya tienen grados universitarios pueden solicitar la residencia en cinco años y la ciudadanía inmediatamente después; quienes lleven más de 10 años viviendo legalmente en Estados Unidos bajo un estatus de protección como TPS o DED, pueden solicitar la residencia en 2014 y tres años después la ciudadanía; y los trabajadores agrícolas que reciban la llamada tarjeta azul podrán solicitar la residencia permanente en cinco años si permanecen trabajando en la agricultura.
El plan también contempla mecanismos de seguridad fronteriza, así como reformas al sistema de inmigración legal para agilizar la reunificación familiar y reducir los rezagos migratorios. Cuando esos retrasos de inmigración legal se eliminen es que los inmigrantes RPI podrán obtener su residencia y eventualmente la ciudadanía.
Aunque el plan del Grupo de los Ocho es producto de un delicado acuerdo bipartidista, la oposición republicana ha presentado enmiendas para endurecer la vía a la ciudadanía o los mecanismos de seguridad fronteriza. La idea es hacer tambalear ese balance bipartidista inclinando la medida aún más a la derecha, y en el peor de los casos, tratar de matar el proyecto.
El debate promete plasmar la lucha interna del Partido Republicano entre un sector encabezado por el senador republicano de Florida, Marco Rubio, que se ha convertido en rostro del bando republicano del Grupo de los Ocho, y de quienes entienden que la reforma migratoria ofrece una vía a su partido para tratar de enmendar su maltrecha imagen entre los votantes latinos; y el sector integrado por otros republicanos, como los senadores Ted Cruz, John Cornyn, Jeff Sessions, Chuck Grassley y David Vitter, de Texas, Alabama, Iowa y Luisiana, respectivamente, cuya intención no es enmendar el proyecto sino matarlo.
El debate sobre la reforma migratoria ha servido de marco a la lucha interna por el futuro del Partido Republicano y su capacidad de atraer a votantes latinos y otras minorías y colocarse como alternativa política nacional.
Esa división quedó plasmada esta semana cuando la conservadora Fundación Heritage, presidida por un opositor de la reforma, el ex senador Jim DeMint, presentó su reporte sobre el costo a largo plazo de la reforma migratoria y fueron otros grupos conservadores que favorecen la reforma los que echaron por tierra las conclusiones del estudio por considerar que se basa en análisis inexactos que no contemplan los beneficios económicos de la legalización para los inmigrantes y sus familias y por ende, para el país.
Pero los esfuerzos por descarrilar el proyecto apenas comienzan y el debate supone el inicio de una carrera de obstáculos que de completarse con éxito en ambas cámaras del Congreso resultará en la primera reforma migratoria en casi 30 años.
A continuación una lista de lo Bueno, lo Malo, y lo Feo de las enmiendas al proyecto bipartidista S. 744:
Cruz 3 - Enmienda del senador republicano de Texas, Ted Cruz, para deshacer la vía a la ciudadanía, que es el corazón del proyecto bipartidista S. 744 - la enmienda prohíbe que cualquier persona que haya estado indocumentada en Estados Unidos pueda obtener la ciudadanía estadounidense.
Cornyn 1 - Enmienda del senador republicano de Texas, John Cornyn, para militarizar aún más la frontera sur e imponer requisitos de seguridad fronteriza irrazonables como condición para la vía a la ciudadanía que afectan a todos los inmigrantes, incluyendo a los Soñadores. También le otorga a la gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer, un rol en la política migratoria federal. La excusa de la “seguridad fronteriza primero” es un argumento desacreditado de quienes sólo buscan matar el proyecto de reforma migratoria porque ignora todos los recursos destinados a la frontera y los progresos alcanzados en ese frente, tal y como señaló un reciente editorial del Wall Street Journal.
Lee 14 - Enmienda del senador republicano de Utah, Mike Lee, que permitiría que personas ofrezcan empleo a inmigrantes indocumentados, pero únicamente en calidad de empleados domésticos, como jardineros, amas de llave y choferes.
Hatch 3 - Enmienda del senador republicano de Utah, Orrin Hatch, que exigiría a las personas en estatus de Inmigrante Provisional Registrado (RPI, por sus siglas en inglés) someter una prueba de ADN al Departamento de Justicia para comparar los resultados con los bancos de datos del FBI. Aún si no se tomara en cuenta la naturaleza invasiva de esta enmienda, un sinnúmero de estudios han documentado que los inmigrantes tienen un menor índice de criminalidad en comparación con la población en general.
Claros Intentos de Descarrilar la Reforma - Enmiendas propuestas por los senadores Jeff Sessions y Chuck Grassley, de Alabama y Iowa, respectivamente. Entre ambos han propuesto un total de 126 enmiendas (77 por Grassley y 49 por Sessions). Estas incluyen 59 enmiendas que limitan u obstaculizan la vía hacia la ciudadanía que de todos modos no apoyan. Otras enmiendas de Sessions y Grassley incluyen intentos de destruir cláusulas que ayudarían a las familias a permanecer unidas, y una enmienda propuesta por Grassley (Grassley 15) elimina la posibilidad de que los inmigrantes amparados bajo un estatus legal provisional viajen al extranjero.
LO BUENO
• Blumenthal 1 - Enmienda del senador demócrata de Connecticut, Richard Blumenthal, que permitiría que los DREAMers de edad escolar puedan obtener la tarjeta verde en un plazo de cinco años, en lugar de penalizar a niños por no tener aún su diploma de escuela secundaria, una de las cláusulas del proyecto actual.
• Feinstein 14 - Enmienda de la senadora demócrata de California, Dianne Feinstein, que permitiría a los inmigrantes que entraron al país antes de la fecha en que se promulgue la potencial ley de reforma migratoria, la posibilidad de una vía a la ciudadanía logrando que un mayor número de familias permanezcan unidas y evitando que se repita uno de los errores más grandes de la reforma migratoria de 1986.
• Leahy 7 - Enmienda del presidente del Comité Judicial del Senado, Patrick Leahy, de Vermont, para conceder el mismo trato migratorio a todas las familias, incluyendo aquellas compuestas por parejas del mismo sexo.
• Blumenthal 12 - Enmienda del senador Blumenthal, que debería ser apoyada por ambos partidos, y que permite que los DREAMers tengan acceso directo a la ciudadanía a través del servicio militar.
Respuestas a preguntas más comunes sobre proyecto bipartidista del Grupo de los Ocho del Senado, S. 744, “Ley de 2013 de Seguridad Fronteriza, Oportunidad Económica y Modernización del Sistema Migratorio”.
La presentación de un proyecto de ley de reforma migratoria en el Senado sólo supone que se inicia un largo proceso legislativo para considerar la propuesta que será enmendada por lo cual el lenguaje actual está sujeto a cambios.
Pero éstos son algunos de los detalles del proyecto bipartidista de reforma migratoria del Grupo de los Ocho del Senado, S.744, denominado “Ley de 2013 de Seguridad Fronteriza, Oportunidad Económica y Modernización del Sistema Migratorio” que comenzó a discutirse el pasado jueves 9 de mayo en el Comité Judicial del Senado.
I. El corazón del proyecto es una vía a la ciudadanía para 11 millones de indocumentados.
Podrían solicitar el estatus de Inmigrante Provisional Registrado (RPI, por sus siglas en inglés) quienes desde antes del 31 de diciembre de 2011 ya se encontraban en Estados Unidos. Esta fecha límite dejaría fuera a entre 200 mil y 300 mil inmigrantes que arribaron a Estados Unidos después del 31 de diciembre de 2011, aunque es probable que existan vías para tratar de ajustar su estatus a través de familiares o empleos.
Camino de 13 años y cuatro etapas para la ciudadanía
Tomará 13 años solicitar finalmente la ciudadanía para quienes opten por obtenerla pero antes hay un largo proceso. Hay que considerar además que tomará un año después de firmada la ley completar las regulaciones y al cabo de ese año se inicia el período de aplicación. Los inmigrantes tendrán un año para solicitar y el lapso puede extenderse otros 18 meses si fuera necesario. Durante ese lapso los inmigrantes elegibles estarán protegidos de la deportación.
Los indocumentados solicitarán el estatus de RPI iniciando su vía a la ciudadanía o la primera etapa. Deberán pagar una multa inicial de 500 dólares (excepto los DREAMers) más las cuotas de solicitud, aprobar la revisión de su historial, demostrar su continua presencia física en Estados Unidos desde antes de la fecha límite establecida del 31 de diciembre de 2011. Hay ciertos delitos que harían inelegibles a ciertos inmigrantes: un delito grave o tres delitos menores, por ejemplo. De ser aprobados, por diez años los inmigrantes estarán bajo ese estatus legal provisional que les permite trabajar, viajar y los ampara de la deportación.
A los seis años, en la segunda etapa, deben renovar su permiso de RPI, que de hecho, es renovable cada seis años. Nuevamente deberán pagar una multa de 500 dólares más las cuotas de solicitud, aprobar la revisión de historial, demostrar que no son una carga pública, y que han trabajado o estudiado y pagado impuestos.
Al cabo de 10 años estas personas podrán solicitar la residencia permanente (tercera etapa) pagando mil dólares de multa más las cuotas de solicitud y llenar los requisitos, entre esos, demostrar que están aprendiendo inglés.
Y en la cuarta etapa, al cabo de tres años, pueden solicitar la ciudadanía, si así lo deciden.
Continuará la próxima semana...
