Del 29 de enero al 15 de octubre pasados se han devuelto 51 mil 407 solicitantes de asilo en Estados Unidos, en el marco del Protocolo “Quédate en México” y, hay 26 mil personas más en espera, informó la directora del Instituto para las Mujeres de la Migración (IMUMI), Gretchen Kunher.
En entrevista con Notimex, recordó que si bien el Gobierno de México señaló que ese protocolo era una imposición, el 20 de diciembre de 2018 lo aceptó al argumentar razones de tipo humanitario y el 7 de junio lo formalizó, aunque “sus acciones “están lejos de ser precisamente humanitarias”.
"Quédate en México" establece que todas las personas solicitantes de asilo en Estados Unidos (en su mayoría de los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica: Honduras, El Salvador y Guatemala), deberían permanecer en territorio mexicano y no en el estadunidense, mientras se procesa su caso y en espera de su resolución ante las cortes de esa nación.
"El fondo real del protocolo es disuadir (la migración). Estados Unidos quiere limitar el acceso al asilo y por eso está implementado este protocolo que es ilegal, porque la ley de Estados Unidos dice que cualquier persona que huye de la persecución o los mismos términos de la Ley del 51, tiene derecho a solicitar asilo...en ningún lado dice que pueden esperar sus casos en otro país", abundó la activista.
Aun cuando refirió que al día de hoy la cifra de personas devueltas podría ascender ya a más de 55 mil, Kunher expuso que de los 51 mil 407 que esperan la resolución de su caso ante las cortes estadunidenses, 15 mil 611 fueron devueltos por Ciudad Juárez, Chihuahua; 12 mil 928 por Matamoros; nueve mil 811 por Nuevo Laredo, Tamaulipas; seis mil 744 por Tijuana y seis mil 313 por Mexicali, Baja California.
"Y al 29 de octubre empezaron a devolver a las personas por Piedras Negras. Entonces, ahora tenemos seis puntos en la frontera donde Estados Unidos está regresando a las personas que solicitan asilo en esa nación para que esperen sus procesos... los cuales requieren de representación legal".
"Las personas, desconocen su procedimiento, no saben llenar el formato que muchas veces está en inglés, no entienden qué va a pasar cuando tienen sus audiencias, porque tienen que regresar varias veces. No es nada más una audiencia, son varias audiencias y el procedimiento puede durar entre seis meses hasta dos años", observó.
Mediante el protocolo, "México dijo les vamos a dar estancia migratoria y pueden solicitar autorización para trabajar. En los hechos eso no ha ocurrido, porque se les ha dado la visa de turista por razones humanitarias, pero para tener autorización para trabajar deberían solicitarlo ante el INAMI, cosa que no va ocurrir".
La titular del IMUMI comentó que algunos de ellos han logrado trabajar en el sector informal o a través de programas que se implementan en Ciudad Juárez, Chihuahua. El Gobierno de México dijo que construiría albergues para éstas personas, pero "hasta la fecha solo se ha cumplido con uno...en Ciudad Juárez con capacidad para mil personas".
Es la sociedad civil la que apoya a estas personas con sus albergues y otros más, viven en campamentos cerca de los puertos de entrada. "En Matamoros, por ejemplo, hay entre 600 y mil personas viviendo en tiendas de campaña, en la calle, no tienen acceso a nada. Los niños no van a la escuela", refirió.
"El Programa inició en San Isidro, luego en Mexicali, Ciudad Juárez y, posteriormente el 7 de julio cuando México y Estados Unidos firmaron un acuerdo migratorio, se desplegó la Guardia Nacional tanto en la frontera sur, como en la frontera norte y México fortaleció su colaboración con Estados Unidos para esta política de contención migratoria", indicó.
Sin embargo, "de los 418 reportes sobre secuestros en frontera norte de México, 90 por ciento corresponden a personas que esperan para solicitar asilo en el vecino país del norte o una vez que son devueltos a México a esperar la resolución de sus casos", expresó.
Denunció que tan sólo entre septiembre y octubre se reportaron 418 casos de secuestros de solicitantes de asilo en la frontera norte, de los cuales 205 fueron en Tamaulipas, 148 en Baja California, 47 en Chihuahua y 18 en estados no identificados.
Además, se ha constatado que al menos 13 secuestros ocurrieron en centrales de autobuses, 11 en la calle, siete en carretera, seis, saliendo de los Módulos del Instituto Nacional de Migración (INM), tras su devolución; cuatro, saliendo de albergues y uno, saliendo del hotel donde se hospedaba. En otros 38, no se menciona el lugar.
Sin embargo, "de los 418 reportes sobre secuestros en frontera norte de México, 90 por ciento corresponden a personas que esperan para solicitar asilo en el vecino país del norte o una vez que son devueltos a México a esperar la resolución de sus casos", expresó.
La activista comentó que el crimen organizado y la policía federal son los principales perpetradores en 14 y cinco por ciento de los casos, seguido de los taxistas, traficantes de personas y policía estatal. Además, del total de reportes 54 pertenecen a mujeres, quienes también sufrieron abusos sexuales, 157 a varones. y en 207 casos no se identificó.
Ante ello, el IMUMI recomendó al gobierno federal desarrollar un modelo de atención para las víctimas de los abusos, para garantizarles regularización migratoria (a víctimas y testigos); brindarles protección; promover denuncias y darles seguimiento, así como juzgar a los responsables de los delitos. México (NOTIMEX)
