Una corte de apelaciones falló que las autoridades federales de inmigración necesitan una causa razonable para emitir una orden de detención de un inmigrante, decisión que llega en medio de un debate nacional sobre las leyes migratorias desatado por un tiroteo mortal en San Francisco.
La Corte Federal de Apelaciones del Primer Circuito respaldó la decisión tomada por un juez de Rhode Island el año pasado, quien concluyó que los derechos de una ciudadana estadounidense por naturalización garantizados en la Cuarta Enmienda constitucional contra detenciones injustificadas se violaron cuando estuvo detenida con base en una orden de detención para inmigrantes.
La corte de apelaciones escribió que quedó “establecido claramente” y “más allá de un debate” que los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) necesitan motivos razonables para arrestar a alguien con la finalidad de investigar su situación migratoria.
El tiroteo de San Francisco, a principios de julio, presuntamente fue cometido por un hombre que se encontraba sin permiso en el país y había sido liberado por las autoridades locales a pesar de que funcionarios federales habían solicitado que siguiera detenido.
El caso en Rhode Island involucra a Ada Morales, que nació en Guatemala y se naturalizó estadounidense en 1995. Morales es representada por la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y demandó después de que fue detenida en dos ocasiones, en 2004 y 2009.
Tras su arresto en 2009 a manos de policías estatales en un caso por fraude de apoyos gubernamentales, Morales fue liberada de una prisión estatal, pero después estuvo detenida poco más de 24 horas mientras autoridades migratorias investigaban si estaba legalmente en el país. Morales dice que les señaló a las autoridades que era ciudadana estadounidense.
El gobierno ha dicho que el nombre en el certificado de naturalización de Morales era Ada Amavilia Cabrera, y que era su responsabilidad cambiarlo cuando se casó.
Morales demandó a las autoridades del ICE y al Departamento de Correccionales de Rhode Island.
Una vocera del ICE no hizo comentarios sobre el fallo cuando se los solicitaron, pero dijo que la agencia está trabajando para instituir una nueva iniciativa que se centre en delincuentes y personas que representen una amenaza a la seguridad pública.
Más de 300 localidades en el país han dicho que no mantendrán detenidas a personas por motivos migratorios sin una orden, dijo Kate Desormeau, una abogada de la ACLU involucrada en el caso.
En este caso, la corte de apelaciones no tomó en cuenta si se requiere una orden judicial para detener a alguien, aunque es un asunto que está siendo considerado en otras demandas, dijo Desormeau. Providence (AP)
