Por Claudia TORRENS
Mauro Hernández dejó atrás el alcoholismo y las drogas y recompuso su vida después de regresar ilegalmente a Estados Unidos tras haber sido deportado. Tiene un negocio de pollo que abrió hace tres años en Queens y paga sus impuestos como cualquier otro ciudadano.
El gobierno estadounidense opina que Hernández cometió un delito grave al regresar ilegalmente luego de su deportación y podría expulsarlo nuevamente si es pillado por alguna razón.
Hernández, un mexicano de 43 años, sin embargo, se cuida mucho y duerme tranquilo.
“No tengo miedo de ser deportado”. “Llevo ya 10 años en este país limpio y trabajo en mi propio negocio. Ya no le doy mucha importancia a lo de los papeles. No pienso mucho en eso”.
Una gran cantidad de inmigrantes como Hernández albergan la esperanza de regularizar algún día su situación inmigratoria a pesar de que a los ojos de las autoridades estadounidenses han cometido un delito grave y de que su deportación es una de las prioridades del servicio de inmigración. Apuestan a que, llegado el momento, las autoridades tomarán en cuenta el aporte que han hecho a la sociedad y no sólo los malos pasos que puedan haber dado anteriormente.
Si no se meten en líos, algunos podrían acogerse a programas federales de alivio migratorio y otros tal vez sean cobijados por una eventual reforma a las leyes de inmigración, de acuerdo con los expertos.
Hoy por hoy, “una deportación (previa) no es necesariamente un elemento descalificador”, declaró Víctor Nieblas, de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración.
A pesar de la gravedad de una antigua orden de deportación, el representar una amenaza para la sociedad es algo mucho peor, dijo Alizabeth Newman, profesora de leyes de inmigración en la Universidad de la Ciudad de Nueva York.
“El regreso ilegal tras una deportación es una violación administrativa y aunque alguien que regresa tras ser expulsado es una mayor prioridad para el gobierno que alguien que es encontrado por primera vez en el país ilegalmente.
Aún no se han publicado los requisitos concretos para acogerse al más reciente programa de suspensión de deportaciones del presidente Barack Obama, por lo que no se puede decir si quienes regresaron ilegalmente después de haber sido deportados podrán beneficiarse.
Camille Mackler, abogada de la Coalición de Inmigrantes de Nueva York, se siente alentada por el hecho de que el primer programa de suspensión de deportaciones, lanzado en 2012 y que cobija a los jóvenes que fueron traídos ilegalmente al país de niños, no discrimina a quienes fueron deportados.
“Para ese programa, si alguien cuenta con una orden de deportación, aun así puede solicitar acogerse”, dijo Mackler.
Las medidas de alivio migratorio están de momento congeladas por orden de un juez, pero podrían entrar en vigor en los próximos meses.
Las autoridades estadounidenses, por otro lado, no persiguen activamente a inmigrantes que hacen vidas normales y no cometen delitos, sino que se enfocan en aquellos que representan un riesgo para la seguridad pública.
Hay quienes, al igual que Hernández, planean enviar solicitudes para acogerse a los programas anunciados por Obama en noviembre o a una reforma migratoria, si algún día es aprobada.
Si ingresaron después de enero de 2014, las posibilidades de acogerse se esfuman porque el gobierno considera que quebrantaron la ley recientemente y, por lo tanto, son considerados una prioridad para la deportación, aseguran los abogados.
Hernández, por ejemplo, podría acogerse al segundo programa de suspensión de deportaciones de Obama, que cobija a quienes llevan más de cinco años en el país y tienen hijos nacidos en Estados Unidos o con residencia legal en el país, pues tiene un hijo estadounidense de 19 años.
A Albertina Pérez, una guatemalteca que trabaja como empleada doméstica en Nueva Jersey, el hecho de que aún no hay programas de alivio migratorio que la cobijen a ella no la desmoraliza.
La inmigrante de 37 años tiene a sus cuatro hijos en Guatemala e ingresó a Estados Unidos poco después de ser deportada en agosto de 2010, pero sueña con una reforma migratoria que le permita regularizar su situación.
“Yo tengo esperanza”, dice quien regresó a Estados Unidos unos días después de haber sido expulsada. “No calificaré para (no podrá acogerse a) este programa porque no tengo hijos nacidos aquí, pero quizás califico para otra cosa”, señala.
Según las leyes estadounidenses, las personas deportadas deben esperar 10 años para solicitar autorización para volver.
Es difícil determinar cuántos inmigrantes regresan al país tras haber sido deportados porque muchos no son arrestados después de ingresar en territorio estadounidense.
Según un estudio del Immigration Policy Center que usa datos federales, un 43% de las 368 mil 644 personas deportadas en el año fiscal 2013 fueron expulsadas porque habían regresado a Estados Unidos ilegalmente después de haber sido deportadas.
Un millón de personas fueron deportadas por reincidentes entre el año fiscal 2003 y el año fiscal 2013, según el Immigration Policy Center, con sede en Washington.
La mayoría de inmigrantes que son deportados regresan a Estados Unidos para reunirse con los esposos o hijos que dejaron atrás o para proseguir las vidas que iniciaron en el país, con empleos que les permiten sobrevivir y enviar algo de dinero a sus países de origen.
Las posibilidades de que el Congreso apruebe una reforma migratoria que abra una vía a la naturalización de unos 11 millones de inmigrantes sin autorización que se cree viven en el país son en la actualidad escasas. Muchos en el Partido Republicano, que controla las dos cámaras del Congreso, se oponen a medidas que regularicen la situación de inmigrantes sin permisos de estadía.
“Las cosas en el gobierno no van bien”, declara Hernández mientras prepara los condimentos para sus pollos en su pequeño establecimiento de la Avenida Roosevelt. “Pero yo ya no temo. Dudo que mi deportación sea un problema”. Nueva York (AP)
