El juez federal John A. Kronstadt resolvió que los mexicanos deportados con engaños por agentes de migración en el sur de California, puedan tener una posibilidad de regresar a Estados Unidos.
Kronstadt decidió a finales de febrero pasado a favor de la demanda de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones que demandaron al Departamento de Seguridad Nacional en 2013, de que las autoridades utilizaron estrategias engañosas para deportar inmigrantes.
Esto cuando los inmigrantes fueron forzados a firmar su “deportación voluntaria”, lo que es una práctica habitual, y con ello evitar ser retenidos o juicios prolongados.
La resolución del juez solo contempla que podrían regresar los que fueron expulsados del país entre el 1 de junio de 2009 y el 28 de agosto de 2014.
Los beneficiarios serían mexicanos que estaban en el sur de California que renunciaron a su derecho de audiencia, engañados, forzados o intimidados por los agentes migratorios.
La determinación judicial permitirá que cientos o quizás miles de inmigrantes expulsados puedan regresar a Estados Unidos y presentarse ante un juez de inmigración.
“Esto es histórico”, consideró Gabriela Rivera, abogada de la Fundación de la ACLU del Sur de California, una de las entidades que representó a los inmigrantes en la demanda.
“El fallo reconoce que la protección de nuestras fronteras no puede ser a costa de los derechos garantizados por la Constitución”, apuntó Rivera, abogada de la ACLU de los condados de San Diego e Imperial.
“Ahora podemos comenzar el proceso de reunir a algunas de las familias que podrían haber permanecido juntas en Estados Unidos, pero fueron separados por prácticas gubernamentales que se basan en la desinformación, el engaño y la coacción”, dijo.
Según la querella, los inmigrantes deportados no tenían antecedentes penales “significativos”, y sus familiares podrían haberles ayudado a evitar ser expulsados del país.
“A la gente se le decía que quedaría detenida por meses si es que no firmaban su deportación voluntaria y que al final un juez de inmigración de todos modos rechazaría su petición”, agregó la abogada.
Aunque la demanda es colectiva, no podrá ampliarse para cubrir a inmigrantes deportados en otras partes del país, agregó Rivera.
Los solicitantes que quieran acogerse a este beneficio tienen que estar viviendo en México al momento de pedir su reingreso a Estados Unidos.
También deben presentar razones de fuerza mayor que justificaran el vivir legalmente en su país adoptivo al momento de haber firmado su deportación.
Solo la ACLU y organizaciones aprobadas por esta entidad podrán presentar peticiones a las autoridades de inmigración y lo harán de manera gratuita.
En junio de 2013, la demanda fue presentada por Fundación ACLU de San Diego, la Fundación ACLU del Sur de California, el Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, y Cooley LLP.
Esta demanda colectiva fue presentada a nombre de Isidora López Venegas en nombre de los demandantes individuales que fueron expulsado de manera injusta de Estados Unidos.
Bajo los términos del acuerdo, nueve demandantes regresaron a Estados Unidos y sus seres queridos, en agosto de 2014, con el mismo estatuto jurídico que tenían antes de la firma de los documentos.
Isidora López Venegas, madre de tres hijos firmó su salida voluntaria en 2011, después de ser amenazada de que, si no lo hacía, su hijo estadunidense, de 11 años en ese entonces y con autismo, sería enviado a un hogar de crianza mientras ella permanecía detenida.
Los agentes le dijeron que le sería más fácil “arreglar” sus papeles desde México, donde vivió durante tres años, dejando a sus otras dos hijas en Estados Unidos.
Los posibles beneficiados por la demanda deberán tener cuidado con fraudes, ya que solo la ACLU y sus proveedores podrán presentar el trámite de reingreso.
Los interesados deben escribir a avd@aclusandiego.org o llamar al 619-398-4189 en Estados Unidos o, de México, podrán marcar el número gratuito 01-800-681-6917 para programar una consulta inicial. Los Ángeles (NOTIMEX)
