NUEVA ORLEANS, Louisiana, EE.UU. (AP) — Un panel de jueces federales de apelación hizo numerosas preguntas el viernes en una audiencia sobre la decisión del presidente Barack Obama de proteger de la deportación a millones de inmigrantes no autorizados.
El panel del Tribunal Federal de Apelaciones del 5to Circuito escuchó argumentos en un caso seguido muy de cerca y que ha impedido la implementación de las medidas de Obama.
Una coalición de 26 estados, liderados por Texas, presentó una demanda para bloquear las medidas. La audiencia es sobre una apelación del Departamento de Justicia a una decisión de un juez federal de Texas.
El Departamento de Justica alegó que Texas no tiene estatus jurídico en el asunto. El abogado estatal de Texas respondió que conferir un estatus legal a los inmigrantes será muy costoso para el estado.
Los jueces no emitieron un fallo y tomaron el caso para analizarlo.
Durante toda la audiencia, los coros y las actividades de manifestantes defensores de los inmigrantes en la calle se escuchaban en la sala del tribunal, que estaba repleta.
El juez federal de distrito Andrew Hanen, de Brownsville, emitió una orden preliminar el 16 de febrero a solicitud de 26 estados que se oponen a la medida de Obama. Los fallos de Hanen han impedido temporalmente al gobierno implementar políticas que permitirían que unos 5 millones de inmigrantes no autorizados permanezcan legalmente en el país.
El Departamento de Justicia apeló ese fallo y la audiencia especial del viernes —que demoró unas dos horas— fue muy dinámica: dos de los jueces hicieron numerosas preguntas, que se centraron en si un estado puede solicitar la marcha atrás de una política federal de inmigración.
Benjamin Mizer, subsecretario adjunto de Justicia, dijo que la demanda de Texas no tiene precedentes y alegó que la política de inmigración es asunto del gobierno federal.
"Si Texas está en lo correcto, podría impugnar el derecho de un individuo a solicitar asilo", dijo Mizer. "Los estados no tienen estatus para pronunciarse sobre los efectos de una política federal de inmigración en sus territorios".
Scott Keller, abogado estatal de Texas, alegó que la decisión de Obama tiene consecuencias directas porque Texas incurrirá en los costos de entregar licencias de conducción, servicios de escuelas y médicos a los inmigrantes si les permiten quedarse en Estados Unidos.
"Este es uno de los mayores cambios en la política inmigratoria en la historia de la nación", dijo Keller. "Lo que esta medida hace es conferir una presencia legal" a personas que ahora viven sin autorización en el país, dijo. "Aquí hay mucho en juego", agregó.
Los jueces Jennifer Elrod, nominada por el presidente George W. Bush, y Stephen Higginson, nominado por Obama, interrumpieron varias veces los argumentos con preguntas. El juez Jerry Smith, nominado por Ronald Reagan, era el tercer magistrado.
Elrod se mostró escéptico sobre los argumentos del Departamento de Justicia, mientras Higginson mostró dudas sobre la postura de Texas.
Bajo un cielo gris, inmigrantes y manifestantes que defienden las medidas de Obama sostenían letreros y saludaban a los vehículos que pasaban por el lugar. Uno de los letreros decía "reforma inmigratoria" y otro "La deportación destruye familias".
Victor Ibarra, de 43 años y residente de Houston, estaba con un grupo de empleados de restaurantes. Dijo que es hora de cambiar las normas de inmigración.
"Somos humanos. Queremos que las familias estén juntas. Queremos estar bien en este país, no provocar problemas y tener la oportunidad de vivir en Estados Unidos toda la vida".
Obama anunció las medidas ejecutivas después de las elecciones legislativas de noviembre, alegando que el Congreso lo había obligado a hacer cambios fundamentales en las normas de inmigración por su propia cuenta.
La primera de las medidas de Obama —ampliar un programa que protege a inmigrantes jóvenes de la deportación si llegaron a Estados Unidos cuando eran niños— debía entrar en vigor el 18 de febrero.
La otra parte importante del programa amplía la protección contra la deportación a padres de ciudadanos estadounidenses y de residentes permanentes que han vivido en el país varios años. Esa parte debía entrar en vigor el 19 de mayo.
En una declaración después de la audiencia, el procurador general de Texas, Ken Paxton, calificó las medidas de Obama de un "plan inconstitucional de amnistía" y criticó duramente al presidente por "otorgar beneficios federales y estatales a inmigrantes que han infringido la ley".
