Colectivos mexicanos recaudan firmas para frenar apoyo a migrantes deportados

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Colectivos ciudadanos acudieron a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) para presentar una campaña de recaudación de firmas y entregar una petición al gobierno para detener los apoyos económicos a migrantes deportados.

La líder de activaciones presenciales de la plataforma Actívate, Marisol Hernández, explicó que hasta el momento han alcanzado unas mil 900 firmas ciudadanas en la web que concentra iniciativas de grupos conservadores y de derecha.

El objetivo de la petición es entablar un diálogo con el gobierno sobre la “decisión precipitada” de otorgar 110 dólares mensuales durante seis meses a los migrantes venezolanos para que regresen a su país de origen, detalló Hernández.

“El problema es que son recursos mexicanos y ahora hay más necesidades en nuestro país, como es el caso del cáncer de mama u otras preocupaciones en cuestión de enfermedades que hay que atender”, consideró.

Añadió que también vigilarán que dichos gastos estén en la Plataforma Nacional de Transparencia, y que, “en efecto, se compruebe que están apoyando a estas personas”.

“La iniciativa es reciente, pero a nosotros nos gustaría saber de dónde se va a financiar ese dinero porque es dinero que no han dicho de dónde va a salir”, señaló.

En la carta entregada en las oficinas de la SRE, dirigida a la secretaria Alicia Bárcena, se lee que el documento contiene las firmas “de ciudadanos preocupados, que expresan su inquietud y descontento con respecto al financiamiento”.

“Es claro que México atraviesa una situación compleja con la llegada de un gran número de migrantes, pero hay que buscar soluciones que no impliquen un gasto adicional para los mexicanos”, señala la petición.

“Nuestros impuestos deberían destinarse a priorizar a nuestros ciudadanos antes que a los migrantes”, continúa.

El plan del gobierno mexicano de entregar 110 dólares mensuales a migrantes deportados de Venezuela, Colombia y Ecuador durante seis meses, bajo un programa social de prácticas profesionales, ha generado polémica desde que se anunció a finales del mes de marzo por la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. México (EFE)

 

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