Por ELLIOT SPAGAT, Associated Press
SAN DIEGO (AP) — Casi 100 mexicanos han buscado regresar a los Estados Unidos para el plazo del miércoles amparados en el arreglo de una demanda colectiva que acusó a funcionarios de inmigración en California de no informar a personas de sus derechos.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) demandó al Departamento de Seguridad Nacional en el 2013 por el uso de un procedimiento para expulsar a personas del país conocido como regreso voluntario.
Bajo el procedimiento, la persona renuncia a su derecho de comparecer ante un juez de inmigración y no puede reingresar legalmente al país por hasta 10 años. La demanda alegaba que las autoridades coaccionaron a personas para que aceptasen los términos.
El gobierno no admitió que se cometieran irregularidades, pero aceptó realizar cambios en California que incluyen un formulario revisado que explica claramente las consecuencias y opciones en un regreso voluntario, nuevo entrenamiento y procedimientos, y una línea telefónica para detenidos que soliciten asistencia legal.
El arreglo refleja el "compromiso de la agencia para asegurar que los ciudadanos extranjeros entienden plenamente las implicaciones de regresar voluntariamente a México", dijo el departamento en una declaración.
El gobierno federal aceptó además permitir el regreso de algunos mexicanos a Estados Unidos para reanudar sus gestiones para quedarse legalmente.
La ACLU, que había estimado que miles pudieran ser elegibles para esa oportunidad, identificó a unos 100 que pudieran calificar para regresar a Estados Unidos, dijo Gabriela Rivera, abogada de la organización. De ellos, el gobierno hasta ahora ha aprobado más de 20 y revisa otros casos.
El número refleja los altos requerimientos para calificar, dijo Rivera. Entre ellos están estar casado con un ciudadano estadounidense tras haber entrado legalmente al país, haber estado en el país por al menos 10 años y tener un cónyuge, hijo o padre que depende de la persona, o cubrir los requisitos para estar protegido de la deportación por la orden ejecutiva del presidente Barack Obama del 2012.
Los solicitantes además deben haber aceptado el regreso voluntario en el sur de California entre el 2009 y el 2014.
La ACLU lanzó una extensa campaña a ambos lados de la frontera que incluyó talleres, vallas y anuncios televisivos para alcanzar a un estimado de 200.000 personas que aceptaron regreso voluntario en el sur de California en ese período.
El arreglo cubre solamente al sector de San Diego de la Patrulla Fronteriza y las oficinas de Inmigración y Aduanas de Los Ángeles y San Diego.
