Phoenix, 30 Mar (Notimex).- Arizona solicitó a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos que anule un dictamen de una Corte Federal de Apelaciones que concluyó que los “dreamers” que participan en el Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA), se encuentran legalmente en este país.
La petición, interpuesta la víspera por el procurador estatal de Arizona, Mark Brnovich, constituye un nuevo intento de las autoridades estatales para tratar de negar licencias de conducir a jóvenes inmigrantes conocidos como “dreamers”.
La Corte Federal de Apelaciones del Noveno Distrito en San Francisco, California, dictaminó también, en abril de 2016, que Arizona no puede decidir por sí misma, quién está legalmente autorizado para permanecer en Estados Unidos, dado que ese poder recae exclusivamente en el Congreso.
El tribunal concluyó que la política de negar licencias de conducir a jóvenes beneficiados con el programa DACA, entra en conflicto con la cláusula de la Constitución de Estados Unidos que garantiza igualdad ante la ley, dado que Arizona aprueba y proporciona licencias a otros inmigrantes en diferentes programas de acción diferida.
El objetivo de Arizona es que la Suprema Corte dictamine en definitiva si el programa DACA anula el derecho del estado de decidir quién puede conducir.
Las batallas legales sobre las licencias de conducir en Arizona para los jóvenes inmigrantes iniciaron en 2012, cuando la entonces gobernadora Jan Brewer emitió una orden ejecutiva que prohibía a los funcionarios estatales emitir licencias a llamados “dreamers”.
Brewer argumentó que la ley de Arizona reserva las licencias de conducir sólo para aquellas personas cuya presencia en este país está "autorizada por la ley federal".
Su sucesor, el republicano Doug Ducey, retomó la batalla para frenar la emisión de licencias a dreamers, al sostener que el entonces presidente estadunidense Barack Obama actuó en forma ilegal al crear por orden ejecutiva en 2012 que crea el Programa DACA.
El DACA permite a aquellos que llegaron en forma indocumentada a este país cuando eran niños permanecer en Estados Unidos y obtener permisos de trabajo por dos años, renovables, si cumplen ciertos otros requisitos.
En su solicitud ante la Suprema Corte de Justicia, el procurador Brnovich sostuvo que ni Brewer en la emisión de la orden ejecutiva ni Ducey en la continuación de hacerla cumplir, están haciendo algo malo.
"El memorándum del DACA subrayó que no confiere ningún derecho sustantivo, estatus migratorio o vía a la ciudadanía", escribió Brnovich.
De hecho, dijo que la Oficina de Asesoría Jurídica dentro del Departamento de Justicia de Estados Unidos, indicó en sus propios escritos que DACA "no establece ningún derecho legal ejecutable a permanecer en Estados Unidos y puede ser revocado por autoridades de inmigración a su discreción".
Brnovich también señaló que lo que Obama hizo no es parte de ninguna ley federal o incluso el resultado del Congreso que ordena a una agencia federal el adoptar una regla.
"Más bien, DACA pretende ser una mera discreción procesal", escribió el procurador, tras agregar que "como tal, no es la ley federal".
Explicó que "lo que eso significa es que los que desean obtener licencias de conducir no pueden depender de los documentos de autorización de empleo emitidos únicamente a causa de DACA para demostrar que son elegibles para conducir.
"Un programa discrecional y revocable de no cumplimiento, que fue creado por la acción ejecutiva, no puede sobrepasar la ley estatal que regula las licencias de conducir ", argumentó Brnovich.
