Organizaciones civiles, activistas y autoridades en Tijuana, la mayor ciudad de la frontera de México con EEUU, exigieron cambios migratorios a la presidenta, Claudia Sheinbaum, quien recientemente visitó la región por primera vez desde que asumió el cargo.
Las exigencias de un mayor respeto a derechos humanos surgen tras incidentes en diversos estados, como el asesinato de seis migrantes en un operativo militar en la frontera sur, y las recientes denuncias en Tijuana de presuntas agresiones y amenazas de muerte del Instituto Nacional de Migración (INM).
Judith Cabrera de la Rocha, codirectora de Border Line Crisis Center, declaró que en México están “viendo un aumento paulatino, pero sostenido, de la militarización de la migración y de la criminalización tanto de personas migrantes como defensoras, lo cual se ha materializado también de forma preocupante en Tijuana”.
Recordó el caso del 13 de octubre de 2023, cuando elementos del INM y la Guardia Nacional intentaron ingresar a la fuerza a su albergue, a un kilómetro del puerto fronterizo de San Ysidro.
“Y un año después (2 de octubre de 2024) suceden las amenazas de muerte por parte de una agente, también de Migración, en contra de la defensora Paola Morales, quien se ha dedicado a la defensa de los migrantes en Baja California”, expresó.
La activista reiteró que exigen frenar la militarización de las políticas migratorias
“Hay una orden a nivel nacional de detener la migración a como dé lugar, y lo hacen pasándose por el arco (ignorando) todo tipo de leyes y acuerdos, en complicidad con el gobierno estadounidense”, advirtió.
La visita de Sheinbaum ocurrió después de que la detención diaria de migrantes en la frontera de EEUU con México cayó un 66 % de diciembre a septiembre, pero la migración irregular a través de México se elevó un 193 % interanual en la primera mitad del año hasta superar las 712 mil personas.
La Red Jesuita con Migrantes-México pidió a la presidenta, nueva política migratoria “con apego a los derechos humanos y alejarse del enfoque de seguridad militarizado que privilegia el control y la contención, en detrimento de la protección y el acceso a derechos”.
Solicitaron que los delegados del INM y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), cuenten con “la trayectoria, conocimientos y capacidades necesarias para implementar una política migratoria basada en el pleno respeto a los derechos”. Tijuana (EFE)
