Mientras las acciones ejecutivas migratorias giradas por el presidente Barack Obama en noviembre de 2014 siguen su tortuoso camino por los tribunales, los indocumentados que se habrían beneficiado siguen su propia y accidentada ruta de incertidumbre.
El Departamento de Justicia dilucida su mejor estrategia para garantizar que la ampliada Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA +) y la Acción Diferida para Padres de Ciudadanos y Residentes Permanentes (DAPA) puedan implementarse antes de que Obama complete su presidencia.
La consideración de la demanda en contra de las acciones ejecutivas, emprendida por 26 estados, 24 gobernados por republicanos, plantea que la resolución legal tomará más tiempo.
El gobierno federal parece apostar a esperar a que el Quinto Circuito de Apelaciones escuche los argumentos y emita un veredicto sobre los méritos o la legalidad de la demanda; y si el fallo es adverso al gobierno federal, apelarlo ante la Corte Suprema. La próxima audiencia es el 10 de julio.
Si hay fallo adverso y el gobierno apela al Supremo, el máximo tribunal recesa a fines de junio y retorna el primer lunes de octubre, y es en el otoño cuando elige los casos que escuchará. Si el Supremo escucha el caso, no habría fallo hasta junio de 2016, en medio de las elecciones presidenciales.
Recientemente The New York Times editorializó que la administración tiene la obligación de cumplir con su compromiso de “hacer todo lo que pueda para que el sistema migratorio sea más humano”.
El editorial enumera varios puntos que los grupos pro inmigrantes y pro reforma han enfatizado y que ahora, ante la imposibilidad de implementar inmediatamente las acciones ejecutivas, cobran mayor urgencia. Entre otros, que el Departamento de Seguridad Interna (DHS) garantice que el memorando sobre las prioridades de deportación, de centrarse en verdaderos criminales y no en trabajadores y padres o madres de familia, se aplique efectivamente para evitar el flagelo de la separación familiar; y que se frene el encarcelamiento de madres y niños, carne de cañón del lucrativo negocio de los centros de detención. El gobierno debería además proteger celosamente el DACA 2012 que tantos beneficios ha supuesto a jóvenes indocumentados y a sus familias.
Muchos republicanos siempre enfatizan que Obama debió impulsar la reforma migratoria cuando tuvo un Congreso demócrata entre enero de 2009 y enero de 2011. Hasta ahí coincidimos.
Pero es el colmo que argumenten que Obama debió impulsar una reforma migratoria amplia por la vía legislativa en vez de girar las órdenes ejecutivas.
Señores, en 2013 el Senado aprobó un proyecto de reforma amplia con vía a la ciudadanía que emanó de un acuerdo bipartidista. El proyecto fue enviado a la Cámara Baja de mayoría republicana, pero pasaron 2013 y 2014 y el liderazgo republicano dejó correr el reloj a pesar de que los demócratas cedieron en muchos aspectos, incluso a que se considerara por partes. Pero no pasó nada porque los republicanos permitieron que su bando antiinmigrante dictara la agenda.
Las acciones ejecutivas giradas a fines de 2014 respondieron a que los republicanos de la Cámara Baja no legislaron. Es cínico decir que las acciones ejecutivas “envenenaron” la posibilidad de una reforma migratoria amplia cuando el liderazgo republicano no evidenció la voluntad de impulsarla teniendo enfrente un proyecto que pudo enmendarse y aprobarse.
Ahora los republicanos controlan el Congreso. ¿Han propuesto algún plan de reforma migratoria que no consista únicamente en militarizar la frontera?
La espera continúa por las acciones ejecutivas y por la voluntad política republicana de colaborar en pro de la requerida solución permanente: la reforma migratoria amplia.
(*) Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice.
